Por Guillermo Saucedo, Daniela Ballesteros y José Manuel Ávalos
Las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrían escalar hacia otros funcionarios en México, junto con implicaciones legales, políticas y diplomáticas, en un contexto de cooperación y tensión bilateral, advirtieron especialistas en seguridad y derecho penal, tras la investigación abierta por autoridades norteamericanas por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Este miércoles 29 de abril, la Fiscalía de Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York, acusó al morenista Rocha Moya y a otros nueve funcionarios sinaloenses, incluidos el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y un exsecretario de Seguridad Pública estatal, de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.
En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la existencia de solicitudes de extradición relacionadas con el caso, aunque indicó que no se han presentado pruebas suficientes. El expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que se remitió al mismo argumento de la Cancillería, al señalar que Estados Unidos no proporcionó pruebas para sustentar dichas acusaciones.
César Gutiérrez Priego, especialista en seguridad, señaló que el caso no es improvisado, sino resultado de una investigación que habría tomado meses en desarrollarse y que incluso pasó por un gran jurado en Estados Unidos, lo que sugiere un proceso más estructurado.
“Esta es una investigación que se ve que ya tenía meses porque pasó por un gran jurado… eso no es de un día para otro”, explicó.
El análisis apunta a que las indagatorias podrían estar relacionadas con la colaboración de autoridades estadounidenses con integrantes del crimen organizado, particularmente con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”.
Según lo expuesto, la acusación se sustenta en el delito de conspiración, una figura legal que requiere un nivel de prueba distinto.
“Con el simple hecho de que ellos digan: ‘Nosotros tuvimos presente con él, nos pusimos de acuerdo’, puede ser suficiente para sostener la acusación”
Gutiérrez Priego también consideró que la acusación podría interpretarse como una respuesta a recientes tensiones diplomáticas, tras señalamientos del gobierno mexicano sobre la presunta actuación de agentes de la CIA en territorio nacional sin autorización.
En el ámbito legal, explicó que el proceso apenas comienza y que Estados Unidos cuenta con un plazo de hasta 60 días para presentar pruebas formales en caso de solicitar una detención con fines de extradición. No obstante, existe un obstáculo clave: el fuero constitucional del gobernador. Para avanzar, sería necesario que en México se inicie un proceso de desafuero —conocido como juicio de procedencia—, el cual dependería tanto del Congreso local de Sinaloa como del Senado.
Sobre la posibilidad de una acción directa de Estados Unidos en territorio mexicano, el especialista fue tajante: “Si ingresaran al país para detener al gobernador, habría de forma inmediata rompimiento de relaciones… sería considerado una invasión”. En ese sentido, descartó un escenario similar al de otros países, al subrayar la relación estratégica entre México y Estados Unidos como socios comerciales.
Más allá del conflicto diplomático, Gutiérrez Priego consideró que el caso representa una prueba para las instituciones mexicanas, particularmente en materia de procuración de justicia. “Si existen elementos, el gobierno de México tiene que ir sobre ellos y hacer caer todo el peso de la ley”, afirmó.
El especialista consideró que este escenario podría convertirse en una oportunidad para reforzar la credibilidad institucional, siempre que las investigaciones se conduzcan con rigor y sin sesgos políticos.
En ese mismo sentido, el escritor y analista Luis Carlos Sáinz advirtió que el caso podría abrir la puerta a nuevos señalamientos contra otros actores políticos en México, en función de investigaciones previas y posibles acuerdos judiciales con integrantes del crimen organizado detenidos en Estados Unidos.
“Desde luego las versiones que ya se han escuchado desde antes: el gobernador ha brindado protección a células del Cártel de Sinaloa… Probablemente esas negociaciones a las que han llegado Ovidio y también su hermano Joaquín sea por señalamientos en contra de diversos miembros del crimen organizado”
De acuerdo con el especialista, el contexto actual en tribunales estadounidenses —donde figuras vinculadas al narcotráfico enfrentan procesos judiciales— podría estar generando una cadena de declaraciones que involucran a funcionarios públicos mexicanos en funciones o exfuncionarios, también. “Muy posiblemente esta acusación… está ligada a las negociaciones que se están teniendo con estos narcotraficantes mexicanos”, afirmó.
Sáinz consideró que el caso también representa un golpe político para el gobierno federal, en medio de una estrategia bilateral marcada por la cooperación en materia de seguridad y la entrega de presuntos criminales a Estados Unidos.
“Es un golpe duro para el gobierno… la entrega masiva de narcotraficantes podría interpretarse como parte de negociaciones para evitar sanciones como aranceles”, señaló.
Además, apuntó que la postura de figuras políticas estadounidenses ha endurecido el discurso sobre el papel del crimen organizado en México: “Donald Trump considera que los grupos criminales se han apoderado del país y que ese poder está a la par de algunos gobernantes”, sostuvo.
El analista advirtió que este caso podría ser apenas el inicio de un proceso más amplio. “Sí puede tratarse del inicio… no necesariamente de capturas inmediatas, pero sí de presión constante”, indicó.
También señaló que, mientras los funcionarios señalados permanezcan en territorio mexicano y cuenten con protección legal como el fuero, las detenciones dependerán de las decisiones del propio Estado mexicano. Incluso, mencionó que en estos señalamientos podrían aparecer otros nombres dentro de la clase política.
“No se trata nada más de Rocha Moya… se habla incluso de otros gobernadores y exgobernadores, y no dudemos que también de presidentes municipales”, advirtió.
