La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este 30 de abril de 2026, desde Palacio Nacional, a la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
La mandataria federal sintetizó la postura del Gobierno de México en tres ejes: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Sheinbaum Pardo explicó que el 28 de abril de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió diez documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos. Un día después, el 29 de abril de 2026, la dependencia turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación nacional.
La presidenta señaló que la difusión pública de la acusación por parte de autoridades estadounidenses motivó un extrañamiento formal del área jurídica de la SRE, al considerar que estos procedimientos deben mantenerse en confidencialidad conforme a los tratados internacionales.
Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo detalló que la FGR informó el mismo 29 de abril de 2026 el inicio de una investigación para recabar información y determinar si existen elementos de prueba que sustenten las acusaciones del gobierno estadounidense.
Sheinbaum subrayó que la legislación mexicana establece que para solicitar una orden de aprehensión se deben presentar datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de un delito.
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“Desde que asumí la presidencia de México juré hacer respetar la Constitución y las leyes”, declaró la mandataria, quien reiteró su compromiso con el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.
En ese mismo contexto, fue enfática sobre los límites del Gobierno mexicano: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Asimismo, precisó que si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación nacional, o si las obtiene mediante su propia investigación, deberá proceder conforme a derecho. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó.
No obstante, advirtió que, de no existir evidencia suficiente, las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos podrían tener un trasfondo político.
La presidenta concluyó su conferencia matutina sin abrir espacio a preguntas sobre el tema.
