Ante los conflictos de interés, relacionados a Napoleón Gómez Urrutia y al sindicato minero, y ante la acusación de una persecución política por las vías laboral y penal, además de la resolución de un supuesto laudo, las dos organizaciones respondieron: el sindicato de los mineros alega incumplimiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje; esta última instancia respondió que solo lo lamentaba y que ha dado cumplimiento a cabalidad.
La condena es al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), pero incluye al propio Gómez Urrutia, actual senador morenista, como responsable solidario, esto es que, si el sindicato no paga deberá hacerlo él de su bolsa.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana emitió un comunicado este lunes 12 de abril, donde establece que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) incumplió la sentencia de amparo a su favor.
Comunicado Laudo 12042021 by Proyecto Puente on Scribd
“Falso que esta organización sindical o su presidente o secretario general estén obligados a pagar cantidad alguna”, se lee en el texto.
El sindicato negó “categórica y públicamente” que la JFCyA haya dictado un laudo condenatorio, luego de que ayer domingo circularon notas periodísticas donde se hace referencia a esto.
“Dicho laudo es una mera propuesta de cumplimiento de la sentencia favorable al Sindicato y que el Poder Judicial Federal determinará su legalidad”, señalan.
Aseguran que con esta propuesta de cumplimiento, la Junta pretende castigarlos por ser “incansables” promotores de la defensa de los derechos laborales y por impulsar la regulación de la subcontratación.
“El laudo emitido por la Junta Especial Diez, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), bajo los expedientes 177/2005 y otros, notificado el 9 de abril de 2021, va en contra de la resolución emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el expediente DT. 912/2018 y relacionado con otros amparos, siendo un acto arbitrario y un abuso de autoridad al más puro estilo de los gobiernos pasados”, argumentan.
Señalan que esto se deriva de la resolución que el Tribunal Colegiado emitió a favor del Sindicato.
Exponen que la resolución del Tribunal Colegiado ordenó integrar y resolver los 25 expedientes, no solo 21, pero que la JFCyA pretende dividirlos de modo “ilegal e improcedente”, desacatando la sentencia del Tribunal Colegiado, realizada en la sesión del 13 de diciembre del 2019.
“Insistir, como lo hace la JFCyA, en que se debe dividir la resolución en dos: una para 21 expedientes y otra para 4 expedientes, es no solo violatorio de la Ley Federal de Trabajo, de la Ley de Amparo y de los derechos humanos del Sindicato y sus agremiados, sino también significa ir en contra de una autoridad superior, como lo es el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y es un abierto acto de injusticia”, señalan.
Aseveran que Grupo México. de Germán Larrea, es el “más interesado” en que el Sindicato Minero pierda el juicio, pues ese es el origen de tales demandas.
“Fue Larrea quien intentó dejar de pagar a los obreros las acciones del 5% por la privatización de Cananea y otras empresas, por lo que el Sindicato tuvo que ejecutar un procedimiento de huelga para lograr el pago de los 55 millones de dólares en octubre del 2004 por Grupo México, mediante un convenio celebrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que el propietario de esos recursos es únicamente el Sindicato”, explican.
“Ahora de nuevo con corrupción utilizando al exsecretario Asuntos Colectivos del PAN ahora abogado de Grupo México Gary Pérez, se pretende violar el derecho y la justicia a favor de una venganza del segundo millonario del país y en contra del Sindicato Minero, e intentar mancillar el honor, dignidad y derechos de sus agremiados y su dirigencia”, añaden.
Precisan que el laudo es una “venganza” de la presidenta de la Junta María Eugenia Navarrete Rodríguez, quien llegó a ese puesto “por la recomendación de Arturo Alcalde Justiniani”, y le hace “el trabajo sucio a la Secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde”.
“Hacemos de conocimiento público que dicho laudo no se puede ejecutar y no tiene validez jurídica, en virtud de que este será analizado por el propio Tribunal Colegiado, puesto que no se dictó en base a lineamientos de la ejecutoria de amparo concedida a este Sindicato, además de que como organización defenderemos a toda costa la dignidad, honestidad y libertad sindical de este gremio y de sus máximos dirigentes”, concluye el comunicado.
La respuesta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
Por su parte, la JFCyA manifestó ser un órgano que actúa con autonomía y apego a la legalidad, lamentando lo dicho por el Sindicato sobre que se actuó de manera parcial acerca de los asuntos de la Mina de Cananea.
“El conflicto inicia a partir de la privatización de la mina en donde entregaron 55 millones de dólares que corresponden al valor del 5% de las acciones de la empresa. El tema de fondo en este conflicto ha consistido en determinar quién es el propietario de los recursos: el sindicato o los trabajadores”, indica el organismo en su comunicado.
Explican que el Sindicato ha sostenido ser propietario de los recursos, mientras que los trabajadores reclaman que les corresponde la entrega de los mismos; indican que un grupo de los trabajadores fue a juicio por no haber recibido cantidad alguna, mientras que otros obtuvieron solo una parte.
“Después de 15 años de litigio los tribunales de amparo han sostenido que los recursos son propiedad de los trabajadores”, mencionan.
La JFCyA especifica que en el laudo emitido da cumplimiento a los lineamientos establecidos por los tribunales de amparo a los que está obligada a sujetarse, pues de no hacerlo incurriría en responsabilidad penal y administrativa.
Señalan que de los 2 mil 998 trabajadores demandantes, 708 obtuvieron laudo a su favor para recibir el pago completo y 389 el complemento, que corresponde al pago de las diferencias. De los mil 901 restantes, el sindicato fue absuelto, pues los demandantes no acreditaron relación laboral, no ofrecieron pruebas en su defensa o sus demandas estaban prescritas.
“Con respecto a la responsabilidad solidaria del dirigente sindical, este punto también fue definido por el Tribunal de amparo en la ejecutoria 910/2018. Invitamos al Sindicato a conducirse en un plano de verdad y con apego a la legalidad”, finaliza su comunicado la Junta.
Contexto
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y el Senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, rechazaron la versión de que deberán pagar 54 millones de dólares a trabajadores mineros, resultado de un desvío del fideicomiso. Y es que de acuerdo con la Revista Proceso, el pasado miércoles, un laudo resolvió las exigencias de la Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos -un grupo disidente del Sindicato- para que se les entreguen los casi 55 millones de dólares que les corresponden.
Asimismo, la condena señala que si el SNTMMSRM no paga, deberá hacerlo el Senador Gómez Urrutia de su propia bolsa, puesto que se le reconoce como responsable solidario.
Pero para este lunes se convocó a una conferencia de prensa a las 10 horas, en donde se dará una extensa explicación de este asunto y de la situación que priva en la Mina de Cosalá, Sinaloa, en donde el grupo de Napoleón Gómez Urrutia mantiene un paro en la mina, luego de ganar un recuento a la CTM.
Con Información de Proceso/Quadratín
