México se tarda y prohibirá hasta el 2024 el glifosato, cancerígeno que se usa en tortillas, dice UAM

Un niño camina en su escuela rural a lado de campos fumigados de plaguicidas, pese a las protestas constantes de las maestras “porque los agrotóxicos matan”, mostró en fotografías Damián Marino, investigador de medio ambiente de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, uno de los países de Latinoamérica con mayor uso de plaguicidas per cápita, del orden de 10 litros por habitante por año, de los cuales 8 litros son glifosato, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como potencial cancerígeno.
“Cultivos fumigados conviviendo con los juegos de los niños es parte de la vida cotidiana de esta ruralidad”, dijo en un foro organizado por el Seminario y Observatorio Académico Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.
De acuerdo con sus investigaciones, este plaguicida está por todos lados: aire, agua de lluvia, en la cuenca del río Paraná, la segunda más grande de Sudamérica después del Amazonas, donde habitan 75 millones de personas, en lagunas e incluso en algodones, como consecuencia del modelo de producción agrícola basado en organismos genéticamente modificados y uso de plaguicidas (el 78 por ciento asociado al glifosato), documentó el investigador argentino.
En México, el 100 por ciento de las muestras de orina de niños de Ahuacapán contenía glifosato y en el 72 por ciento de las analizadas en Agua Caliente, de acuerdo con un estudio de 2019 de la Universidad de Guadalajara (UdG) y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS), aplicado en ambas comunidades agrícolas de Autlán, Jalisco.
Pero desde antes, en 2017, se encontró glifosato en tortillas vendidas en tortillerías. Emmanuel González Ortega, investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco, realizó un estudio para conocer la presencia de transgenes en alimentos procesados elaborados con maíz. Analizaron casi 400 muestras de tortilla, botana, harina, tostada y cereal. En el 82 por ciento hubo presencia de transgenes.
“Encontramos que más del 90 por ciento de las muestras de tortillas producidas industrialmente, es decir en tortillerías usando harina de maíz, contiene algún tipo de transgene. Y en más del 70 por ciento de la muestra de tortilla analizada se encontró una de las líneas de maíz genéticamente modificado (NK603) con tolerancia al herbicida glifosato”, expuso.
Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, agregó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tiene laboratorios para medir los residuos en alimentos, pero no los transparenta ni a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat).
PROHIBICIÓN TOTAL HASTA 2024
Desde noviembre de 2019 a la fecha, la Semarnat ha negado la importación de 67 mil toneladas de glifosato por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ser un Plaguicida Altamente Peligroso (PAP).
Bajo los cuestionamientos de embajadas de 22 países y de grandes productores agropecuarios en Sonora y Sinaloa, que argumentan que restringirlo de tajo golpeará la producción hasta un 50 por ciento y el suministro de alimento, se logrará su prohibición total hasta 2024, de acuerdo con la Directora general del Sector Primario y Recursos Naturales de Semarnat, Adelita San Vicente Tello.
En El Salvador, India, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y otros asiáticos ya lo han prohibido totalmente. “La idea es que no se use más e impulsar la agroecología, porque no solo se usa en la agricultura, sino en jardines, carreteras, las presas”, dijo.
En octubre de 2019, agregó la Ingeniera Agrónoma, la Cofepris canceló 80 registros de plaguicidas que incluye 220 productos (incluyendo 19 de Bayer), por lo que desde febrero se prohibió la importación de 17 Plaguicidas de Alta Peligrosidad.
Aún así, la también activista reconoció en la conferencia que el tema de los plaguicidas es un tema “desregulado y disperso”, pues no existe una Ley General para su manejo, como lo hay contra las semillas transgénicas, por lo que se implementa desde marzo de este año una “Estrategia nacional para evitar los riesgos al ambiente por los plaguicidas en México” y junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se analizan alternativas apoyadas con los conocimientos de indígenas y campesinos.
Justo esta semana la alemana Bayer-Monsanto acordó pagar más de 10 mil millones de dólares en Estados Unidos para arreglar el 75 por ciento de las más de 125 mil demandas por probables causas de cáncer ante la exposición al glifosato.
“¿Tendrán el derecho a la reparación del daño las personas que aún no se han enfermado, pero se han expuesto al glifosato?”, cuestionó el investigador de la UAM, Emmanuel González. ¿Cuántas personas están enfermas y enfermarán por ello?, ¿cuánto vale la vida?”.
EL MONITOREO DE IMPORTACIONES
Pero no solo es el glifosato. Como resultado preliminar de otra investigación, el académico de la UAM, Emmanuel González, expuso que tuvieron acceso a diferentes lotes de maíz importados y distribuidos a empresas agroalimentarias como Maseca, Cargill, Syngenta, Sabritas, Barcel, Kellog’s y Bimbo que alimentan a los mexicanos.
“Todos los análisis para detectar diferentes variedades de maíz genéticamente modificados resultaban positivos, por lo que la conclusión preliminar es que hay maíz transgénico importado de Estados Unidos a México y estamos pendientes de detectar si tiene glifosato”, expuso.
Ante estos datos, Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, agregó que en el campo de la regulación “se enfrentan” fuerzas sociales e intereses en conflicto, en este caso o en el de soya transgénica en la Península de Yucatán que ha afectado a las cosechas de miel.
“Una parte de los 183 ingredientes activos de Plaguicidas de Alta Peligrosidad tienen vigencia indeterminada, y no hay un mecanismo de revaluación toxicológica. Una de las recomendaciones de la CNDH aceptada por las autoridades es establecer en el Plan Nacional de Desarrollo programas de reducción de uso y prohibición progresiva de estos plaguicidas, donde incluye el glifosato”, dijo y subrayó el derecho de saber cuánto entra al país, dónde y cómo se usa, así como contar con un monitor para ver la reducción en su importación como se ha comprometido la Semarnat.
Leticia López, directora de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), enfatizó la importancia de que los productores reflexionen sobre la necesidad de ir dejando este tipo de productos para los cultivos al transitar a la agroecología.