El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó este 9 de julio las versiones periodísticas que señalan que fuerzas federales realizaron un operativo para cambiar de ubicación y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como aquellas que aseguran que permanece bajo resguardo del Ejército en instalaciones militares.
Mediante una carta aclaratoria difundida en redes sociales, las dependencias federales calificaron ambas versiones como “absolutamente falsas” y aseguraron que ninguna de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad llevó a cabo un despliegue con ese propósito. El pronunciamiento respondió a columnas publicadas en El Universal y El Financiero, basadas, según el documento oficial, en especulaciones.

El Gobierno federal también negó que Rubén Rocha Moya se encuentre trabajando o protegido en la Novena Zona Militar, en la Tercera Región Militar o en cualquier otra instalación castrense del país. El Gabinete de Seguridad sostuvo que no existe ninguna acción para proteger u ocultar a personas frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras.
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“En el Gobierno de México no se protege a nadie”, afirmó el organismo, al señalar que la política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales. Además, destacó que durante la actual administración han sido detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, entre ellas líderes y operadores de distintos grupos criminales.
Las autoridades federales señalaron que las investigaciones también han alcanzado a servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas. Como parte de la Operación Enjambre y otras acciones, informaron que han sido detenidos 87 funcionarios y exfuncionarios, incluidos siete presidentes municipales en funciones.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad indicó que sus labores de inteligencia se han enfocado en estructuras criminales, redes logísticas y fuentes de financiamiento, y aseguró que estas acciones contribuyeron a una reducción del 46% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, equivalente a 39 homicidios menos cada día. Las autoridades refrendaron su compromiso de mantener la coordinación institucional para reducir la violencia y combatir la impunidad en el país.



