La Fiscalía General de la República abrió una nueva línea de investigación para determinar si autoridades de Chihuahua invadieron facultades exclusivas del Gobierno federal durante un operativo antidrogas en el que presuntamente participaron agentes de la CIA junto con corporaciones locales.
En un comunicado, la dependencia informó que las indagatorias buscan esclarecer si la Fiscalía estatal violó competencias federales relacionadas con delitos de delincuencia organizada y seguridad nacional.
La FGR recordó que, de acuerdo con la Ley General de Salud, corresponde exclusivamente a la Federación investigar y perseguir delitos vinculados con laboratorios clandestinos y producción de drogas sintéticas cuando existan indicios de delincuencia organizada.

Asimismo, enfatizó que las funciones relacionadas con política exterior y seguridad nacional son atribuciones exclusivas del Gobierno de México, por lo que las entidades federativas no pueden establecer acuerdos o colaboraciones directas con gobiernos extranjeros.
La polémica surgió tras el operativo realizado el mes pasado en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue localizada una instalación clandestina presuntamente utilizada para producir drogas sintéticas.
El caso escaló luego de que el diario The Washington Post revelara que dos de los estadounidenses fallecidos tras el operativo estarían vinculados presuntamente a la Agencia Central de Inteligencia y habrían participado brindando apoyo de inteligencia.
El 19 de abril, dos agentes relacionados con la Embajada de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua murieron en un accidente carretero cuando regresaban de dicho operativo.

Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno mexicano envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones sobre la presunta participación de personal estadounidense en acciones operativas dentro del país.
La FGR también reportó irregularidades en el manejo de la escena del operativo, al señalar que agentes federales y peritos no recibieron cadena de custodia de las evidencias aseguradas por autoridades locales.
“Tal irregularidad fue registrada dentro de la propia carpeta federal”, indicó la institución.
Además, confirmó que el laboratorio clandestino permanece bajo resguardo de fuerzas federales mientras continúa el proceso de destrucción y traslado de sustancias y objetos encontrados en el lugar.El caso ha generado debate nacional luego de que el Gobierno federal asegurara que no tuvo conocimiento previo de la presencia de personal estadounidense en labores de campo, situación que podría representar una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la soberanía mexicana.


