El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejó este sábado el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para continuar desde su domicilio en Ensenada el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, conocido como “huachicol fiscal”.
La salida del exmandatario ocurrió luego de que una autoridad judicial modificara la medida cautelar que mantenía a Ruffo recluido en el penal de máxima seguridad. De esta manera, continuará sujeto a prisión domiciliaria mientras avanzan las investigaciones y las distintas etapas de su proceso penal.
Ruffo Appel, de 74 años, había ingresado al Altiplano en julio, después de que un juez lo vinculara a proceso junto con otros acusados por delitos relacionados con hidrocarburos y delincuencia organizada.
El pasado 22 de septiembre de 2026, el exgobernador de Baja California obtuvo una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 889/2026, mediante el cual buscaba revertir la negativa para cumplir en su domicilio la prisión preventiva que enfrenta.
La resolución fue emitida con fecha de acuerdo del 21 de septiembre y publicada este martes en el expediente correspondiente. El recurso fue promovido por la defensa de Ruffo contra la determinación adoptada durante la audiencia de vinculación a proceso del pasado 19 de julio, cuando se le impuso prisión preventiva oficiosa y se ordenó su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Estado de México.
De acuerdo con la resolución, la jueza concedió la suspensión definitiva contra el acto y las autoridades señaladas en los considerandos tercero y cuarto.
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Ahora bien, la modificación de la medida cautelar no implica que el proceso haya concluido ni que el exgobernador haya sido exonerado. Las acusaciones en su contra continúan bajo investigación de las autoridades federales.
El caso está relacionado con una investigación sobre una presunta red de contrabando de combustibles. Ruffo ha rechazado responsabilidad en las actividades ilícitas que se le atribuyen y su defensa ha buscado modificar las condiciones en las que enfrenta el proceso.
