El traslado terrestre del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, desde el penal del Altiplano hasta Ensenada generó críticas del empresario y expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien cuestionó el operativo y consideró que la autoridad debió optar por un traslado aéreo.
Ruffo dejó este sábado el penal federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para continuar su proceso penal bajo prisión domiciliaria en Ensenada, luego de que un juez modificara la medida cautelar. Reportes periodísticos señalan que salió a bordo de un vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con resguardo de efectivos federales y seguimiento de elementos de la Guardia Nacional.
A través de una publicación en redes sociales, De Hoyos afirmó que el recorrido terrestre representa alrededor de 2 mil 790 kilómetros y cuestionó que se haya elegido esta modalidad para trasladar al exmandatario.
“La decisión de trasladar a Ernesto Ruffo en un vehículo terrestre, recorriendo 2,790 kms desde el penal del Altiplano hasta Ensenada, B.C. solo demuestra la irracionalidad, imprudencia y crueldad del régimen”, escribió.

El empresario sostuvo que, desde su perspectiva, el traslado terrestre implica mayores costos para el erario y riesgos para Ruffo, además de cuestionar lo que calificó como una afectación a la dignidad de una persona mayor que aún no ha recibido una sentencia.
De Hoyos planteó que la Guardia Nacional debió considerar un traslado aéreo en un vuelo comercial con la correspondiente escolta oficial, argumentando razones de “economía, precaución y humanidad”.
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La crítica también tomó un tono político al final del mensaje, cuando De Hoyos vinculó el traslado de Ruffo con el futuro político del exgobernador y afirmó que los kilómetros recorridos rumbo a Ensenada serían un antecedente de una eventual actividad política en 2030.
La modificación de la medida cautelar no implica el cierre del proceso penal. Ruffo continuará sujeto a prisión domiciliaria mientras enfrenta las acusaciones relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada.



