La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que presuntamente conversa con un intermediario vinculado al FBI, no compromete la seguridad del estado. El tema fue abordado este martes durante la conferencia matutina, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El titular de la SSPC explicó que, tras un primer análisis de las conversaciones difundidas, no se advierte que se haya compartido información confidencial. Indicó que en las mesas de seguridad participan autoridades estatales y federales para dar seguimiento a la incidencia delictiva y que, hasta ahora, no existe información de un nivel de sensibilidad que represente una preocupación si llegara a compartirse con alguna autoridad.

García Harfuch también señaló que aún no se conoce con certeza con qué autoridad o persona conversaba la gobernadora en la grabación y recordó que Marina del Pilar ya ofreció una explicación pública sobre el contenido de los audios.
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Al ser cuestionada sobre la conveniencia de mantener este tipo de conversaciones con mayor reserva, Sheinbaum respondió que “todo el mundo lo escuchó”, en referencia a la difusión pública del audio. Agregó que no está confirmado que el interlocutor pertenezca a autoridades estadounidenses y reiteró que la propia gobernadora aseguró que la comunicación no pone en riesgo la seguridad de Baja California.

Durante la conferencia también se informó que el caso estaría siendo revisado por la Fiscalía General de la República (FGR) y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque hasta el momento ninguna de las dos instancias ha confirmado oficialmente la apertura de una investigación formal.
La controversia comenzó el 22 de junio, cuando se difundió un primer audio en el que Marina del Pilar negó haber buscado acuerdos “en lo oscurito” con Estados Unidos. Posteriormente, el 13 de julio, el periodista Héctor de Mauleón publicó una segunda grabación en la que la mandataria presuntamente expresa su disposición a colaborar con un intermediario identificado como asesor externo del FBI, lo que llevó al PAN a exigir que solicite licencia al cargo mientras se esclarece su situación jurídica.



