El Gobierno de México implementó una serie de acciones jurídicas tras la muerte de migrantes mexicanos en Estados Unidos, ocurridas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta el momento, suman 17 connacionales fallecidos; el caso más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la protección de los mexicanos en el exterior debe ser una causa nacional, por lo que su administración decidió escalar las acciones con la presentación de denuncias.
Asimismo, hizo un llamado al Congreso de México, a los partidos políticos y a la sociedad mexicana para respaldar la defensa de los migrantes en Estados Unidos.
El lunes 13 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emprendió una serie de acciones jurídicas. En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual será notificada mediante la Embajada de México en ese país.
Además, se presentarán denuncias ante las fiscalías estatales competentes, a través de la Embajada de México en Estados Unidos y de su red consular.
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Como parte de las medidas, el Gobierno de México inició el envío de escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde murieron mexicanos. El objetivo es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en los fallecimientos, como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios.
La SRE precisó que estos escritos representan un primer paso para la eventual presentación de acciones civiles.
Finalmente, la dependencia envió una comunicación a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para informar sobre las muertes de mexicanos a manos de ICE y solicitar que su oficina recabe información de las autoridades estadounidenses.
Además, pidió que analice la compatibilidad de los hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, formule las recomendaciones correspondientes y remita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.
La SRE puntualizó que estas acciones corresponden a una etapa de investigación, como paso previo para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho.
Con información de López-Dóriga Digital.
