El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, fue citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio dentro del caso relacionado con la aerolínea Plus Ultra, luego de que el magistrado José Luis Calama levantara el secreto de las actuaciones sobre la investigación.
De acuerdo con el auto judicial, el expresidente español es señalado como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad habría sido obtener beneficios económicos mediante intermediación y presiones ante instancias públicas a favor de terceros.
El juez sostiene que la presunta red utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de recursos y generar ganancias económicas para terceros y para la propia estructura investigada.
En la resolución, Calama también ordenó el registro de la oficina de Rodríguez Zapatero y de otras tres empresas vinculadas al caso. El magistrado recordó que asumió la investigación en marzo pasado, después de que el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid se declarara incompetente.
A lo largo de 85 páginas, el juez señala que las indagatorias permitieron detectar una supuesta organización dedicada al ejercicio ilícito de influencias, presuntamente encabezada por el exmandatario español, quien habría utilizado sus contactos y acceso a funcionarios de alto nivel para favorecer a determinados interesados en obtener resoluciones administrativas favorables.
Según el documento, Manuel F. G. y el empresario Julio M. M. habrían fungido como intermediarios directos con los clientes, mientras que María A. J. y Cristóbal C. Q. realizaban tareas operativas dentro de la estructura para agilizar gestiones ante organismos públicos.
La investigación apunta a que las influencias ejercidas tenían como objetivo lograr una resolución concreta: la aprobación y entrega de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia. El juez afirma que reuniones, contactos y comunicaciones evidenciaron un interés específico en influir en la decisión de las autoridades competentes.
Además, el magistrado indicó que la investigación detectó presuntas contraprestaciones económicas canalizadas a través de empresas controladas por Julio M. M., mediante contratos de asesoría elaborados específicamente para justificar pagos directos e indirectos provenientes de Plus Ultra y otras compañías relacionadas.
Entre las sociedades mencionadas aparecen Caletón Consultores y Summer Wind, utilizadas presuntamente para triangular pagos y ocultar el origen y destino del dinero mediante administradores que actuaban como testaferros.
Investigación apunta a dos vías para obtener rescate financiero
En el auto judicial, el juez señala que directivos de Plus Ultra intentaron conseguir la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”.
Para ello, habrían operado dos líneas de influencia: una vinculada al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra relacionada con Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían funcionado al mismo tiempo, el magistrado considera que la del expresidente adquirió un “papel predominante”.
El juez también destacó que algunos investigados tuvieron conocimiento anticipado sobre la concesión de la ayuda financiera antes de que fuera aprobada oficialmente por el Consejo Gestor y ratificada el 9 de marzo de 2021.
Juez vincula sociedad offshore con cobro del rescate
La resolución judicial también sostiene que la estructura investigada se extendió fuera de España. Según Calama, por instrucciones de Rodríguez Zapatero se habría creado una sociedad offshore identificada como Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, vinculada a Idella Consulenza Strategica.
El juez explica que Idella firmó con Plus Ultra un contrato para recibir el 1% del rescate financiero, equivalente a 530 mil euros. Además, señala que la cercanía temporal entre ese acuerdo y la creación de la empresa offshore refuerza la sospecha de que dicha sociedad habría sido utilizada para canalizar el cobro.
Investigación se centra en presunto delito de tráfico de influencias
Para el magistrado, los hechos investigados podrían encuadrarse, en esta etapa inicial, en un presunto delito de tráfico de influencias previsto en los artículos 428 al 430 del Código Penal español.
El juez indicó que, de manera provisional, existen elementos que apuntan a la existencia de influencias ejercidas o simuladas para obtener resoluciones administrativas concretas con beneficios económicos, dentro de una presunta red organizada que habría actuado en favor de Plus Ultra y cuyo beneficio económico habría alcanzado al entorno cercano de Rodríguez Zapatero.
