Morena ha encontrado en Chihuahua el chivo expiatorio perfecto. Ahí donde una gobernadora de oposición se equivoca y negocia directamente con un cónsul para que agentes de la CIA participen en un operativo contra el narco, el oficialismo encuentra la causa y el distractor, la pantalla perfecta para hablar de soberanía nacional y no de narcopolítica.
Desde el oficialismo —esa entelequia formada por el Gobierno, el partido y las mayorías legislativas de Morena y sus partidos aliados—, se pregunta y se reprocha: “¿Por qué hablar del gobernador Rubén Rocha, si ya pidió licencia y, además, Estados Unidos no ha presentado pruebas que acrediten las acusaciones de haber financiado su campaña con dinero de Los Chapitos a cambio de protección durante su Administración?”.
¿Por qué hablar de Sinaloa, si podemos hablar de Maru Campos, la gobernadora que administra su estado con frivolidad, asesorada por el que fuera el primer círculo de Felipe Calderón? Y que, además, es del PAN, y encima de todo, tiene a Chihuahua en primer lugar de homicidios dolosos, empatado con Guanajuato, otro estado panista.
¿Por qué hablar de narcopolítica en Sinaloa, si podemos hablar de entreguismo en Chihuahua?
Por todo eso, y más, Morena decidió convertir a Chihuahua en el pivote de su campaña de “defensa de la soberanía”, una estrategia ordenada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en una reunión que sostuvo con diputados y senadores de su movimiento el pasado 7 de mayo en Palacio Nacional.
Por eso la primera movilización encabezada por la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, fue la “marcha por la soberanía” del sábado pasado en Chihuahua. Porque siempre será mejor para el régimen hablar de Maru Campos, sus errores, sus excesos y sus deslices (como el de no contestarle el teléfono a la presidenta, o el de sólo haber acudido a 11 mesas de paz con el Gabinete de Seguridad), que hablar de Sinaloa y la narcopolítica, nacida en la época del PRI, pero enquistada en el nuevo régimen.
Por eso, cuando los periodistas, los analistas, académicos, defensores de derechos humanos y autoridades estadounidenses dicen “Sinaloa”, para el oficialismo siempre será más fácil responder: “Chihuahua”. Porque Maru Campos es una presa fácil para las campañas emprendidas por Morena y el Gobierno, pues se ha negado a dar explicaciones coherentes sobre la presencia de dos agentes de la CIA en el operativo de abril en la Sierra Tarahumara. Porque rechazó la posibilidad de dar las explicaciones que le pidieron la presidenta y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuando aún estaba a tiempo de hacerlo; porque se negó a acudir a comisiones del Senado a explicar lo que, según ella, es muy claro. Porque no ha querido comparecer ante el Congreso estatal de Chihuahua. Porque prefirió hacer renunciar a su fiscal, César Jáuregui, antes que obligarlo a rendir cuentas. Porque creó una comisión de investigación encabezada por una fiscal que ella misma puso.
Y porque, en lugar de dejar que Morena marchara sin obstáculos y mostrara por cuenta propia su bajo poder de convocatoria en la entidad, ordenó a sus funcionarios tratar de sabotear la manifestación, con supuestos paros de transportistas, fugas de agua, obras en las avenidas de la capital, y supuestas manifestaciones ciudadanas de rechazo en el aeropuerto de Chihuahua, donde Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán fueron abucheados. Porque Maru le dio a Morena la coartada perfecta para denunciar censura y sabotaje, y para victimizarse.
Hoy, Maru Campos está en la mira del régimen, que prepara el juicio político en su contra y que ya la ha juzgado y declarado culpable, en el tribunal del linchamiento mediático. Para Morena y sus millones de simpatizantes, Maru Campos es la villana perfecta, una traidora a la patria que debe ser condenada en la cruzada oficialista “en defensa de la soberanía nacional”.
Maru Campos; si no se hubiera equivocado, a Morena y al Gobierno les resultaría más difícil no hablar de Sinaloa.
