La discusión sobre la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales ha regresado al centro del debate público. No se trata de un ajuste menor: implicaría la primera modificación estructural al tiempo de trabajo en más de un siglo. La iniciativa plantea una implementación gradual entre 2026 y 2030 y asegura que la reducción no conllevará disminución salarial. El contexto no es trivial. México mantiene uno de los promedios de horas trabajadas más altos entre los países de la OCDE y, al mismo tiempo, enfrenta rezagos históricos en productividad.
El argumento de fondo es claro: trabajar más horas no necesariamente significa producir más. De hecho, los datos comparativos muestran que economías con jornadas más cortas registran mayores niveles de productividad por hora trabajada. Sin embargo, esa comparación debe hacerse con cautela. La productividad es una variable estructural que depende de inversión, capacitación, tecnología, formalidad y calidad institucional. Reducir la jornada sin mejorar estos factores podría traducirse en mayores costos laborales para las empresas —especialmente micro, pequeñas y medianas—, presiones inflacionarias o incentivos a la informalidad.
La propia iniciativa reconoce que la transición será escalonada, lo que abre una ventana para acompañar la reforma con políticas complementarias: incentivos a la modernización tecnológica, capacitación laboral y apoyos focalizados. Si la economía mexicana mantiene un promedio superior a 44 horas semanales, por encima de socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, el desafío no es solo normativo, sino productivo. El riesgo no está en la reducción per se, sino en hacerla sin una estrategia integral que eleve el valor agregado por trabajador.
Ahora bien, reducir la jornada también puede entenderse como una inversión social. El exceso de horas se asocia con estrés, enfermedades crónicas y menor conciliación familiar. Una semana de 40 horas, acompañada de descansos efectivos, puede traducirse en mejor salud mental, menor ausentismo y mayor concentración. Países que han transitado hacia esquemas similares lo hicieron gradualmente y con resultados mixtos, pero con una constante: el bienestar laboral no es incompatible con la competitividad cuando existe planeación.
El debate sobre los días de descanso ilustra la tensión. Mientras algunos actores impulsan dos días obligatorios por cada cinco trabajados, el texto mantiene el esquema tradicional de uno por cada seis. La discusión no es meramente simbólica: define el equilibrio entre productividad y calidad de vida. Si el objetivo es construir un mercado laboral moderno, el descanso debe asumirse como parte del ciclo productivo, no como una concesión.
También es indispensable reconocer los límites estructurales. Más del 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Para ese universo, la reforma constitucional tendrá efectos acotados si no se acompaña de estrategias de formalización. De lo contrario, podría ampliarse la brecha entre quienes cuentan con empleo formal y quienes permanecen al margen de la protección laboral.
En suma, la reducción de la jornada no debe plantearse como una dicotomía entre derechos laborales y crecimiento económico. El verdadero dilema es cómo armonizar ambos objetivos. La productividad y el bienestar no son fuerzas opuestas; son condiciones complementarias de una economía moderna. Si la transición se gestiona con responsabilidad fiscal, diálogo social y políticas de impulso productivo, México puede avanzar hacia una jornada más humana sin sacrificar competitividad. Si no, el riesgo es convertir una aspiración legítima en una reforma incompleta.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
