Durante una conferencia de prensa realizada este lunes 26 de enero, el ministro Hugo Aguilar ofreció detalles sobre el origen de la compra y la decisión de dar marcha atrás.
“Austeridad no es un acto simbólico”, expresó, al subrayar que la Corte actúa con autonomía y sin responder a intereses políticos.
El presidente de la SCJN recordó que desde agosto de 2010 existe una política institucional que contempla el uso de vehículos de seguridad, incluidos blindados, para los ministros.
Precisó que al 1 de septiembre de 2025 se contaba con un total de 43 unidades, aunque solo 39 fueron recibidas por la actual integración del tribunal, ya que cuatro fueron vendidas a ministros salientes como parte de sus acuerdos de retiro.

De acuerdo con su explicación, el estado mecánico de la flotilla heredada era deficiente. Se trataba de 30 Suburban y nueve camionetas Jeep, modelos 2019, 2020 y 2021, que presentaban deterioro avanzado.
Los ministros descartaron el uso de las Suburban por considerarlas ostentosas y optaron inicialmente por las Jeep.
No obstante, en un periodo de cuatro meses, varias de estas unidades comenzaron a presentar fallas graves: problemas para encender, vehículos que quedaron varados, afectaciones derivadas del peso del blindaje, algunos ya caducados, así como desperfectos en el motor y el sistema de tracción. Este diagnóstico encendió alertas sobre riesgos operativos.
Frente a ese escenario, Aguilar explicó que se tomó la determinación de renovar el parque vehicular, aunque posteriormente, tras un diálogo interno y la presión social, se resolvió que “hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos” y que “vamos a funcionar con la debida austeridad”.
El ministro añadió que continúa el proceso para desincorporar 21 vehículos antiguos, es decir, ponerlos a la venta, con el objetivo de generar ahorros.
En cuanto a las nuevas camionetas, indicó que se iniciará un procedimiento legal para desincorporarlas o asignarlas a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos o amenazas.

Finalmente, Aguilar justificó la necesidad de mantener medidas de seguridad al señalar que la dinámica de trabajo de la Corte ha cambiado, con un aumento considerable de traslados terrestres al interior del país para encuentros directos con la ciudadanía, viajes que se realizan “prácticamente todos los fines de semana”.
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“Yo puedo decidir cómo viajo, pero no me siento habilitado, ni con el derecho de decidir sobre la seguridad vial de mis compañeros ministros y ministras”.


