Durante la asamblea general del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, celebrada el pasado domingo, se presentó una solicitud para iniciar un juicio de restitución sobre las tierras del valle de Atongo, actualmente en posesión del senador Gerardo Fernández Noroña. La petición busca que la propiedad regrese a manos de la comunidad.
La propuesta fue encabezada por Rubén Tapia Gama, comunero avecindado y abogado agrarista, quien destacó su arraigo de más de 27 años en el municipio.
Frente a la asamblea, exhibió un video en el que el legislador se refirió de manera despectiva a él y a otros comuneros, además de formalizar la petición para recuperar el predio.
“Es grave. Por ese motivo, quisiera que se le hiciera un juicio de restitución de ese terreno que le costó 12 millones de pesos… Aquí lo que corresponde es que se determine que este señor prepotente y corrupto se vaya de este pueblo, porque está dañando la imagen del pueblo de Tepoztlán”, declaró.
En entrevista, Tapia Gama explicó que la manifestación del pasado 29 de agosto buscó visibilizar irregularidades en la adquisición del terreno y aseguró que la restitución pretende recuperar la titularidad comunal frente a documentos que considera inválidos.
El tema, sin embargo, no se sometió a votación. Félix Cuevas Medina, presidente del comisariado, aclaró que la asamblea únicamente recibió la exposición.
“Ahorita solo se expuso, no se votó. Antes que nada, lo tiene que determinar la asamblea de comuneros. Nosotros ya terminamos en octubre y no hay tiempo para darle continuidad”.
Carlos Rojas Almazán, abogado del comisariado, señaló que la resolución quedará pendiente hasta la elección del nuevo comité, a finales de octubre, y adelantó que será uno de los primeros asuntos a tratar.
“Se debe incluir en el orden del día y, posteriormente, abrir un espacio para que el senador acuda ante la asamblea… Vamos a esperar también que el senador se acerque a nosotros y podamos resolver esta situación con la información que él nos proporcione sobre el predio que tiene en posesión”, dijo.
Rojas Almazán subrayó que el papel del comisariado es técnico, no político: “Tenemos que ver las condiciones en que se dan estas ventas e ir abordando la situación poco a poco”.
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Aunque fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron intentos de acercamiento con los representantes comunales para mediar en el conflicto y agilizar un posible proceso de restitución, comuneros negaron que haya existido algún contacto externo no aprobado en asamblea.
La sesión, además, se llevó a cabo bajo restricciones a la prensa. Celia Alvarado Morales, secretaria del comisariado, propuso prohibir fotografías y videos debido a la sensibilidad de los temas, medida que fue aprobada por mayoría aunque generó inconformidad entre algunos asistentes, particularmente durante la exposición del caso contra Fernández Noroña.
