Un juzgado de la Ciudad de México declaró culpables por daño moral a los panistas Mauricio Tabe, Santiago Torreblanca y María Elena Pérez-Jaén, tras determinar que difundieron información falsa contra Miguel Torruco Marqués durante el proceso electoral de 2024.
La resolución judicial concluyó que las acusaciones realizadas por los demandados, quienes señalaron que Torruco Marqués había omitido declarar un inmueble en Estados Unidos dentro de su declaración patrimonial, carecían de sustento.
De acuerdo con la sentencia, el exfuncionario presentó en tiempo y forma tanto su declaración inicial como la de conclusión de cargo, además de que la propiedad ubicada en San Antonio, Texas, fue reportada conforme a las disposiciones legales aplicables.
Tribunal concluye que hubo afectación al honor y reputación
El órgano jurisdiccional determinó que las expresiones realizadas por los tres panistas no constituyeron una crítica política legítima, sino afirmaciones falsas que afectaron el honor, la reputación y la imagen pública de Torruco Marqués.
Como consecuencia, los demandados fueron condenados a cumplir diversas medidas de reparación, entre ellas:
- Pagar una indemnización por daño moral de 41 mil 58.50 pesos.
- Publicar la parte conducente de la sentencia en las mismas cuentas de la red social X donde difundieron las declaraciones.
- Difundir la resolución en los medios de comunicación que reprodujeron las acusaciones.
- Publicar la sentencia en un periódico de amplia circulación en la Ciudad de México.
“La verdad estaba de nuestro lado”: Torruco
Tras conocer el fallo, Miguel Torruco Marqués afirmó que la resolución confirma que las acusaciones en su contra eran falsas y destacó que la decisión judicial representa una reivindicación de su trayectoria profesional.
“Desde el primer día sostuve que las acusaciones eran falsas. Hoy una autoridad judicial me da la razón y confirma que la verdad estaba de nuestro lado. Esta sentencia reivindica mi honor y prestigio profesional de 55 años al servicio del turismo de México y envía un mensaje claro: en una democracia la crítica política siempre es legítima, pero la difusión de manifestaciones falsas tiene consecuencias legales”, expresó.
El exsecretario también señaló que el fallo marca un precedente sobre los límites entre la libertad de expresión y la difusión de información falsa que pueda afectar la reputación de las personas.
Asimismo, reiteró su respeto al debate público, al escrutinio ciudadano y a la libertad de expresión, al tiempo que aseguró que continuará defendiendo su nombre por las vías institucionales y con apego al Estado de derecho.
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La resolución aún puede estar sujeta a los medios de impugnación previstos por la legislación mexicana, conforme al marco jurídico aplicable.
