La reconstrucción de Venezuela tras los devastadores terremotos del 24 de junio podría convertirse en uno de los proyectos de infraestructura más costosos de la historia reciente del país. Mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de daños, especialistas y organismos internacionales estiman que la recuperación requerirá una inversión de entre 6 mil 700 millones y 20 mil millones de dólares.
El desafío financiero ha llevado al Gobierno venezolano a buscar nuevas fuentes de recursos. Como parte de esa estrategia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el propósito de incentivar inversiones en la industria petrolera y destinar parte de esos ingresos a la reconstrucción de las zonas afectadas.
El costo de la reconstrucción sigue en evaluación
Las inspecciones continúan en Caracas, así como en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy, considerados entre los más afectados por los sismos, por lo que aún no existe una cifra definitiva sobre el costo total de la recuperación.
El proceso implicará la rehabilitación de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras, puentes, redes eléctricas, sistemas de agua potable y otra infraestructura estratégica dañada por los movimientos telúricos.
El economista Asdrúbal Oliveros calcula que la reconstrucción demandará entre 12 mil y 15 mil millones de dólares, recursos que serían necesarios para recuperar viviendas, infraestructura pública, transporte, comercio y servicios.
Por su parte, Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, considera que el costo podría alcanzar 20 mil millones de dólares, debido a la magnitud de los daños materiales y al impacto económico provocado por la emergencia.
El PNUD estima daños directos por 6 mil 700 millones de dólares
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó una evaluación preliminar con apoyo de imágenes satelitales y estimó que los daños físicos directos ascienden a 6 mil 700 millones de dólares.
El organismo aclaró que esa cifra podría ajustarse conforme avance la inspección de las zonas afectadas, ubicándose en un rango de entre 4 mil 700 y 8 mil 700 millones de dólares.
Además, precisó que esta estimación únicamente contempla los daños materiales inmediatos y no incluye las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de actividades productivas ni el costo integral de la reconstrucción.
El PNUD recordó que, en desastres de gran magnitud, el impacto económico total suele representar entre 1.5 y tres veces el valor de los daños directos, lo que incrementaría significativamente el monto final requerido.
Gobierno apuesta por la industria petrolera
Ante el enorme reto financiero, el Gobierno venezolano anunció nuevas medidas para fortalecer el sector energético.
Como parte de esta estrategia, Delcy Rodríguez firmó el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, reformada en enero de este año, con el objetivo de facilitar la llegada de inversiones a la industria petrolera.
Durante un acto transmitido por la televisora estatal, la mandataria señaló que los recursos obtenidos mediante este nuevo marco regulatorio estarán dirigidos a financiar la reconstrucción del país tras los terremotos, aunque no precisó el monto que se espera captar.
El saldo del desastre
Las cifras oficiales reflejan la magnitud de la emergencia que enfrenta Venezuela:
- 856 edificios resultaron afectados.
- 190 inmuebles colapsaron por completo.
- 17 mil 907 personas perdieron su vivienda.
- 6 mil 462 personas fueron rescatadas.
- 16 mil 740 personas resultaron heridas.
- 4 mil 490 personas fallecieron (cifra en aumento).
- 157 personas permanecen desaparecidas.
En La Guaira, la entidad con mayores daños, el PNUD estima que existen alrededor de 1.2 millones de toneladas de escombros, de las cuales 915 mil toneladas corresponden a edificios colapsados y aproximadamente 332 mil toneladas a mobiliario y pertenencias de las familias afectadas.
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Mientras continúan las labores de búsqueda, limpieza y evaluación estructural, el país enfrenta el enorme desafío de obtener los recursos necesarios para reconstruir comunidades enteras y reactivar su infraestructura esencial.
