Como siempre que hay un horror en el que fallaron todas las autoridades, hoy se llama a “no politizar” la tragedia del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
“No politizar”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, como sinónimo de no usar el caso para exigirle que reciba a las madres buscadoras y otros colectivos que, durante ya décadas, se han tenido que integrar alrededor de la tragedia nacional de las personas desaparecidas.
“No politizar”, exige su administración, como una manera de descalificar a los cientos de personas que el sábado por la noche hicieron una vigilia en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, para exigir que deje de invisibilizar a las víctimas del país de las fosas.
“No politizar”, secunda Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, partido que gobierna Jalisco y el municipio de Teuchitlán, desde hace más de seis años.
“No politizar”, suplican el gobernador actual, Pablo Lemus, y el alcalde José Ascención Murguía.
No politizar, cuando quizás lo mejor sea todo lo contrario.
Politizar, para exigirle cuentas a MC, que dice gobernar diferente, pero no se hace responsable del crecimiento e influencia de su cártel local. Politizar para llamar a cuentas a su exgobernador, Enrique Alfaro, y su exfiscal estatal, Joaquín Méndez Ruiz.
Politizar, para que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explique qué hizo la FGR cuando se enteró del primer operativo en el que autoridades locales, y también federales (la Guardia Nacional estuvo ahí), incursionaron en el rancho e hicieron como si no pasara nada extraño ahí.
Politizar para que la presidenta Sheinbaum haga política -valga la redundancia- y reciba de una vez a los colectivos de madres buscadoras. Politizar para que la presidenta no encuentre en Teuchitlán el San Fernando o el Ayotzinapa de su sexenio.
Politizar para que MC, “la fuerza naranja”, tome el toro por los cuernos y deje de presumir sus “logros” en un estado tomado y controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, haciendo como si el territorio fuera un paraíso de inversiones, ferias, festivales, movilidad y “buenas rolas”.
Politizar, para tratar de entender en qué ha basado su éxito electoral MC, pese a la calamidad y la falta de atención que, durante todo su sexenio, se le reprochó a Enrique Alfaro.
La responsabilidad de MC
En las pasadas elecciones municipales del estado de Jalisco, más de 2 mil 600 personas votaron a favor de José Ascención Murguía, el político de Movimiento Ciudadano que buscaba la reelección en el municipio de Teuchitlán.
Chón Murguía, como se le conoce localmente, fue uno de los 40 candidatos postulados por Movimiento Ciudadano que ganaron una presidencia municipal el año pasado en Jalisco. En su caso, se llevó 2 mil 693 de los 5 mil 588 votos emitidos en Teuchitlán en la jornada del 2 de junio de 2024.
A pesar de que fue operado de la columna, lo que le impidió hacer una campaña intensa, dejó atrás con una amplia diferencia a los candidatos del PAN y Morena, sus rivales más cercanos, lo que le dio la oportunidad de continuar con el gobierno municipal que había iniciado en 2021.
Durante la campaña, fue visitado varias veces por Pablo Lemus, el candidato emecista a la gubernatura, quien también ganó la elección, aunque con una diferencia de apenas 5 puntos porcentuales sobre la candidata de Morena.
Ya electos, ambos políticos se reunieron en agosto de 2024, se tomaron una foto y Lemus subió a su cuenta de X un mensaje en el que decía:
“Nos reunimos con José Ascención Murguía Santiago, presidente electo de Teuchitlán, para dialogar sobre el trabajo conjunto que realizaremos en beneficio de este municipio. Durante nuestra conversación, abordamos diversos temas cruciales para el desarrollo de Teuchitlán, enfocándonos en infraestructura vial, agua, apoyo al campo y obra pública. Estamos comprometidos a trabajar en equipo para llevar a cabo estos proyectos y asegurar que Teuchitlán continúe avanzando”.
Ni en campaña ni en transición ni en sus primeros meses de gobierno, Murguía y Lemus hablaron de crimen organizado, de la problemática de personas desaparecidas ni de la crisis forense de Jalisco. Nunca dijeron que Teuchitlán era un lugar en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación operaba un rancho de exterminio.
Hoy dicen que no tenían ni idea de lo que pasaba en el Rancho Izaguirre, un predio en el que los colectivos de búsqueda de desaparecidos han hecho el macabro hallazgo de fosas, hornos crematorios y cientos de pendas, zapatos y objetos personales que sugieren que decenas de personas encontraron ahí un destino fatal.
Para Pablo Lemus le ha servido de coartada decir que él no era gobernador en septiembre de 2024, cuando autoridades locales y federales hicieron un operativo en el rancho en el que detuvieron a diez personas y liberaron a algunas otras. No era él quien mandaba sobre la Fiscalía de Justicia de Jalisco, a la que le correspondía tomar el control del predio e investigar los delitos que pudieron haberse cometido en el rancho.
En efecto, él tomó posesión el 6 de diciembre de 2024, y en septiembre era gobernador electo (más preocupado en defender su triunfo ante las impugnaciones de Morena). Pero no relevó a un extraño el cargo, o a un enemigo político.
Lemus puede decir, incluso probar, que él no sabía nada sobre las indagatorias que hizo, o no hizo, la Fiscalía de Jalisco. Incluso, el actual fiscal, Salvador González de los Santos, fue nombrado en diciembre de 2024 por el Congreso del estado a propuesta de Lemus, y tampoco le tocó el caso del Rancho Izaguirre en septiembre de ese año.
Pero Enrique Alfaro, el exgobernador a quien Lemus sugiere que se le deben exigir cuentas, era de su mismo partido; de hecho, fue el dirigente político que hizo que MC se convirtiera en primera fuerza en Jalisco, por lo que no es fácil que el actual gobernador le endilgue toda la responsabilidad política sin provocar un pequeño cisma en el partido naranja.
En todo caso, junto con Alfaro, debe ser llamado a rendir cuentas el fiscal que estaba a cargo en septiembre de 2024, Joaquín Méndez Ruiz, quien dejó el cargo dos meses después de haber hecho un cateo en el Rancho Izaguirre, sin decir nada sobre lo que encontraron los colectivos hace un par de semanas.
Pablo Lemus y el nuevo fiscal podrán señalar las ineptitudes de sus antecesores, pero ¿qué puede decir el alcalde, Chón Murguía? Si él es presidente municipal desde 2021.
¿Será que no vio nada? ¿Será que, como ya ha salido a decir la semana pasada, el rancho estaba en un paraje alejado en el que es muy difícil supervisar lo que ocurre?
¿O será que, como todo sugiere, decidió no meterse en problemas con el Cártel Jalisco Nueva Generación? Cártel al que los colectivos de búsqueda responsabilizan de la crisis de violencia, de los levantones y el reclutamiento forzado de jóvenes, y de la crisis de personas desaparecidas que desde hace muchos años ha sido denunciada.
Todo esto ocurre cuando Movimiento Ciudadano ha intensificado una campaña publicitaria en la que presume sus gobiernos estatales en Nuevo León y Jalisco.
“En Movimiento Ciudadano hacemos buenas rolas… y también buenos gobiernos”, presume el dirigente emecista Jorge Álvarez Máynez en uno de esos videos.
El también excandidato presidencial habla de agua, movilidad y empleo para presumir los “logros” de sus gobernadores, pero nada dice de seguridad, violencia y derechos humanos.
“Así se construye el México nuevo, así gobierna la fuerza naranja”, concluye el dirigente en sus videos, en los que aparece aferrado en todo momento a su teléfono celular.
Hace falta politizar el caso Teuchitlán, para que todos dejen de echarse la bolita y, por primera vez en décadas, el Estado mexicano responda por una tragedia.
