Por Zedryk Raziel
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante un juez federal a 15 exfuncionarios y a ocho socios de empresas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en relación con una supuesta adquisición irregular de azúcar para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
La FGR presentó una nueva investigación ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, quien concedió varias órdenes de aprehensión y autorizó 10 cateos a diversos inmuebles, según confirmaron a Animal Político representantes legales de las personas acusadas.
Este caso se deriva de una carpeta de investigación distinta a la iniciada previamente por el presunto uso indebido de recursos públicos de Segalmex para la compra de certificados bursátiles, hecho por el que ya fue vinculado a proceso un exfuncionario.
La fiscalía solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra exservidores públicos que fungieron como directores, subdirectores, gerentes, subgerentes y jefes de almacenes rurales de Segalmex, pero ninguna en contra de Ignacio Ovalle, a pesar de que este fue titular de dicha institución —y por ello jefe de todos los exfuncionarios acusados— durante el año en que se cometieron los supuestos delitos.
Ovalle no ha sido imputado por ninguna de las irregularidades detectadas en Segalmex, Diconsa y Liconsa durante su gestión, las cuales significaron un daño al erario por 9 mil 500 millones de pesos. Solo fue removido del cargo de director y designado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La nueva carpeta de investigación de la FGR indaga una contratación del 24 de abril de 2020 a la razón social Servicios Integrales Carregin, SA de CV, para la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.
La compra fue solicitada por la Unidad Operativa de Segalmex en Querétaro como parte del Programa de Abasto Rural —que tiene la finalidad de garantizar a familias pobres el acceso económico a productos de la canasta básica— y se efectuó con base en un acuerdo para agilizar compras ante la pandemia de covid-19.
La FGR sostiene que los recursos millonarios se pagaron por adelantado a Carregin, sin que la empresa haya entregado la totalidad del producto comprometido, amén de que no hubo un contrato formal que amparara la adquisición, sino solo una “hoja de pedido”.
Además, la fiscalía afirma que existió un acuerdo entre exfuncionarios y empresarios para favorecer específicamente a ese proveedor, que fue contratado de manera directa y sin licitación de por medio.
Los exservidores públicos de Segalmex fueron acusados por la FGR de los presuntos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita producto del uso indebido de atribuciones y facultades.
Los exfuncionarios acusados
Una de las nuevas órdenes de aprehensión fue girada en contra de René Gavira Segreste, quien fue director de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa entre diciembre de 2018 y el 30 de junio 2020, y quien ya fue vinculado a proceso por el presunto uso irregular de recursos públicos para la adquisición de certificados bursátiles fiduciarios privados.
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