Como se ha insistido por años, la figura de la subcontratación u outsourcing se ha deteriorado y ha pulverizado los derechos de los trabajadores, y en los últimos 8 años ese fenómeno se volvió mucho más agresivo, señaló la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
Esa distorsionó generó grandes abusos en contra de mujeres y hombres a los que sus patrones no solo no les han respetado sus derechos básicos, sino que los han inscritos en la seguridad social con un salario por debajo del real para ahorrar costos, por lo que la reforma pretende poner orden y acabar con la simulación en materia de subcontratación, sostuvo Alcalde en entrevista con Aristegui en vivo, unas horas después de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma para regular la subcontratación u outsourcing y la turnó al Senado.
“Hemos llegado a un consenso en el cual todos entendemos en que este sistema ya no daba más, que ya no se podía seguir insistiendo en un modelo que tenía estas afectaciones tanto para los trabajadores como para el erario”, añadió la titular de la Secretaría del Trabajo.
La iniciativa que se discute en el Congreso prohíbe la subcontratación de personal, es decir, que una empresa que desempeña una actividad y obtiene por ello ganancias o utilidades, transfiera sus trabajadores a otra empresa, ya sea del mismo grupo (insourcing) o externa (outsourcing), que únicamente tiene trabajadores y los pone al servicio de la empresa que se los transfirió, expuso Alcalde.
De ese modo, los trabajadores no tenían patrones realmente definidos ni, por tanto, estabilidad en el empleo, porque cada 2 o 3 meses cambia la empresa que administra la nómina. “Se fueron creando empresas fantasmas que aparecían y desaparecían simplemente para poder evadir responsabilidades laborales, fiscales, de seguridad social”.
El resultado es que muchos trabajadores que llevan años trabajando bajo este esquema no han podido ahorrar para su futuro, o lo hacen solo de forma periódica, porque los dan de alta y de baja continuamente. Un ejemplo, explica, es el fenómeno decembrino, en el que las empresas dan de baja las nóminas enteras y después, a finales de enero o febrero, empiezan a recontratar, cortando así la antigüedad y muchos derechos de trabajadores.
Este esquema también fue afectando el reparto de utilidades, derivó en evasión fiscal e hizo daño a las instituciones de seguridad social, tanto al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), destacó la funcionaria.
La titular de la Secretaría del Trabajo destacó que la dependencia ha avanzado en operativos conjuntos con la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el IMSS en la detección de empresas abusivas, y que se han presentado más de 52 denuncias, por lo que hay “terreno avanzado” para ubicar a quienes abusaron y defraudaron a los trabajadores y al país.
Resaltó que la reforma prohíbe el esquema de la mera transferencia de personal para evadir responsabilidades laborales, mientras que la subcontratación se podrá seguir realizando, pero siempre que sea para una tarea especializada que no coincida con el giro de la empresa contratante.
Y establece que la empresa que preste ese servicio especializado tendrá que estar registrada en un padrón nacional e informar a las autoridades que está cumpliendo con sus obligaciones. “En caso de evadir responsabilidades laborales, fiscales y de seguridad social, estas empresas dejarán de tener el registro necesario para poder operar”.
Es un cambio fundamental, apuntó Alcalde, que definió a la reforma como paso fundamental en la dignificación del trabajo en nuestro país, de entrada porque permite tener una legislación uniforme para los aspectos laboral, fiscal y de seguridad social.
El siguiente paso
En caso de ser aprobada por el Senado, la Secretaría del Trabajo tiene un mes para emitir los lineamientos con los que funcionará el padrón público, que será abierto, transparente, para las empresas que puedan proveer servicios especializados o desarrollar obras especializadas.
Alcalde descartó que la entrada en vigor de la regulación de la subcontratación haga despegar la informalidad en el país, sino que se trata de un argumento que se suele utilizar siempre que se quiere avanzar en la dignificación del trabajo, lo mismo cuando se incrementa el salario mínimo que cuando hay mejorías en la protección de los derechos de los trabajadores.
También se dice que la reforma afectará a las micro y pequeñas empresas, pero no es así, señaló la funcionaria, solo hay que recordar, añadió, que quiénes utilizan el esquema de subcontratación son grandes empresas que contratan despachos que les permiten encontrar vías para no hacerse cargo de sus trabajadores. “No vemos una preocupación de esta naturaleza; al contrario, nos parece que es un tema que debió haberse arreglado y atendido hace muchísimos años”, indicó.
Por el contrario, apuntó, miles de empresas que están reconociendo a sus trabajadores, transfiriendo las nóminas a las empresas matrices, lo que no solo significa que restablecen y reconocen la relación obrero-patronal, sino también que hacen frente a sus responsabilidades ante los institutos de seguridad social y mejorando los salarios, como se comprometió el sector empresarial que ocurriría en las discusiones con las autoridades y representantes sindicales a finales del año pasado. “Ya lo podemos ver en los datos del IMSS”, aseguró Alcalde.
