A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Gobierno de México informó la apertura de cuatro nuevas líneas de investigación que derivaron del reanálisis de documentos, registros telefónicos y otros elementos científicos relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con el informe presentado este 28 de septiembre por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán, las nuevas indagatorias permitieron identificar 17 nuevos objetivos de investigación, además de generar órdenes de aprehensión y detenciones de exservidores públicos.
La primera línea se centra en el análisis de comunicaciones telefónicas, con el que las autoridades reconstruyeron posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias. Entre los hallazgos aparecen comunicaciones entre integrantes del grupo criminal y personal de establecimientos funerarios y del sector salud.
Las autoridades también señalaron que una persona investigada y su familia eran propietarias de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón. En agosto de 2025 se estableció que el propietario de una funeraria utilizó el teléfono perteneciente a uno de los estudiantes desaparecidos.
Revisan funerarias y el SEMEFO de Iguala
A partir de esa información se realizaron cateos en octubre de 2025 en instalaciones de funerarias y del SEMEFO, donde fueron localizados un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, además de detectarse irregularidades en la operación del servicio forense.
Entre marzo y junio de 2026 se efectuaron nuevas búsquedas en el SEMEFO, con la recuperación de 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos.
Los materiales permanecen bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y posibles coincidencias con personas desaparecidas. Además, a petición de las madres y padres de los estudiantes, se incorporó al proceso el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para reforzar los estudios.
La segunda línea está relacionada con el uso de tres teléfonos pertenecientes a estudiantes después de su desaparición. En uno de los casos, el seguimiento de la cadena de usuarios posteriores permitió ejercer acción penal y derivó en una orden de aprehensión, librada el 24 de agosto de 2026, contra un exservidor público de Iguala por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Otro de los teléfonos fue utilizado posteriormente por un policía municipal de Iguala, quien registró actividad durante la noche de los hechos, por lo que su participación permanece bajo investigación.
El análisis del tercer dispositivo, según las autoridades, aporta elementos que refuerzan la hipótesis de que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a la barandilla municipal, debido a que el usuario posterior del teléfono tenía vínculos con un exservidor público adscrito a esa dependencia. Este elemento contrasta con la declaración realizada anteriormente por José Ulises “N”, exjuez de barandilla, ante la entonces Procuraduría General de la República.
Identifican a nuevo participante y revisan videos del Tribunal
La tercera línea surgió del reanálisis de los expedientes y permitió identificar a una persona que presuntamente participó en los hechos cuando tenía 14 años y que no había sido identificada hasta ahora. Tras rendir declaración el 30 de julio de 2026, las autoridades señalaron que obtuvo información que refuerza las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.
La cuarta línea se concentra en el ocultamiento de videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero correspondientes a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Según el informe oficial, la investigación permitió reconstruir parte de las decisiones tomadas por servidores públicos de alto nivel relacionadas con el ocultamiento del material. Esta indagatoria derivó en la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal y de la exvisitadora del mismo órgano, quienes actualmente enfrentan un proceso penal.
Las autoridades indicaron que las declaraciones de ambas exservidoras públicas, junto con nuevos elementos de investigación, sustentaron la detención del exgobernador de Guerrero el 6 de agosto de 2026, acusado del delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.
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El Gobierno federal informó que continuará con la búsqueda de los normalistas y profundizará las investigaciones relacionadas con los teléfonos, las funerarias y el SEMEFO, así como con las videograbaciones del Tribunal. También anunció una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que propondrá especialistas internacionales para participar en los trabajos.
Las autoridades reiteraron que el caso continúa abierto y que las investigaciones seguirán bajo el principio de presunción de inocencia y conforme avance la obtención y validación de nuevos elementos. La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que el informe incluiría nuevas líneas de investigación, búsquedas y detenciones vinculadas con el caso.
