Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a Jamshid Ghomi, director ejecutivo de una empresa tecnológica con sede en Irán, por su presunta participación en un esquema destinado a suministrar tecnología informática estadounidense a entidades sancionadas del gobierno iraní, incluidas organizaciones relacionadas con su programa nuclear.
De acuerdo con una denuncia penal federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el empresario habría adquirido y enviado de manera ilegal equipos avanzados de redes, seguridad informática y sistemas de cifrado de origen estadounidense para clientes iraníes entre 2011 y 2023.
Según las autoridades, parte de esa tecnología terminó en manos de la Organización de Energía Atómica de Irán y otras instituciones sujetas a sanciones internacionales debido a su participación en el desarrollo nuclear y actividades militares del país.
“Violar las sanciones estadounidenses para promover las ambiciones nucleares de Irán tendrá consecuencias”, señaló el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, al anunciar la acusación.
Ghomi, de 63 años, residente de Newport Coast, California, enfrenta cargos por conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una legislación utilizada por Estados Unidos para restringir operaciones comerciales con países y entidades sancionadas.
Las investigaciones señalan que el empresario utilizó cuentas personales en plataformas de comercio electrónico y pagos digitales, además de empresas fachada y agentes de transporte en los Emiratos Árabes Unidos, para adquirir y enviar tecnología estadounidense a Irán sin contar con las autorizaciones requeridas por las autoridades federales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Ghomi habría implementado diversas estrategias para ocultar las operaciones, incluyendo instrucciones a intermediarios para omitir su nombre en documentos de envío, excluir facturas de mercancías con destino a Irán y ocultar equipos tecnológicos dentro de cargamentos de mayor tamaño.
Las autoridades identifican a Ghomi como fundador y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas con sede en Teherán que, según la investigación, mantenía operaciones comerciales por más de 10 millones de dólares anuales con cientos de compañías y organismos gubernamentales iraníes.
Aunque gran parte de sus actividades estaban dirigidas al sector empresarial y gubernamental en general, los investigadores sostienen que una porción significativa de los equipos comercializados terminó en manos de usuarios considerados estratégicos para los programas nuclear y militar iraníes.
El empresario deberá comparecer ante un tribunal federal en Santa Ana, California. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
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La investigación es encabezada por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que continúan analizando el alcance de las operaciones y las posibles conexiones con otras personas o entidades involucradas en el esquema.
