El endurecimiento del discurso entre Cuba y Estados Unidos volvió a escalar tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con el uso de la fuerza militar bajo el argumento de “liberar” a la isla.
La reacción desde La Habana no tardó en llegar y elevó el tono diplomático al calificar esas advertencias como una postura “cínica e hipócrita”, en medio de más de seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero.
Desde el gobierno cubano, el canciller Bruno Rodríguez respondió con firmeza a las declaraciones de Washington y cuestionó la narrativa estadounidense sobre la situación en la isla.
“Lo cínico e hipócrita es que Estados Unidos lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica y el gobierno de Trump lo hace aún con mayor empeño en los últimos meses, con dos órdenes ejecutivas genocidas”, sostuvo.
El funcionario también subrayó el carácter de las medidas vigentes contra la isla. “Tanto el bloqueo económico (que comenzó en 1962) y el energético (establecido por Trump en enero pasado), además de las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales como la amenaza de agresión militar son crímenes internacionales”, escribió Rodríguez en su canal de Telegram.
En su mensaje, recordó que el pasado 29 de enero Trump ordenó la imposición de aranceles a los países que exporten combustibles a Cuba, lo que ha impactado directamente en el suministro energético.
Según su denuncia, en los últimos cuatro meses solo un buque con crudo logró llegar a la isla, procedente de Rusia.
Posteriormente, una nueva orden ejecutiva emitida el 1 de mayo reforzó las sanciones en el sector energético y reactivó las advertencias de “tomar” Cuba.
Para La Habana, estas acciones buscan presionar a sus proveedores internacionales.
“Se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación”, afirmó Rodríguez.
En paralelo, el canciller cubano también respondió a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien negó la existencia de un bloqueo petrolero y atribuyó la crisis energética de la isla a fallas internas; Rodríguez lo acusó de distorsionar los hechos.
“Rubio ha optado sencillamente por mentir y contradice al presidente Trump y a la vocera Karoline Leavitt de la Casa Blanca, al negar el impacto del cerco petrolero criminal que él mismo propuso”.
“En cuatro meses, sólo un barco de combustibles ha llegado a Cuba. Se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación”, añadió el diplomático cubano en su mensaje.
La tensión también generó reacciones en el escenario internacional. Desde China, el gobierno reiteró su llamado a que Washington elimine de manera inmediata el bloqueo contra Cuba y suspenda las sanciones económicas.
En un comunicado oficial, la cancillería china señaló que estas medidas vulneran el derecho del pueblo cubano a su desarrollo y supervivencia.
En América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció al respecto y cuestionó las advertencias de intervención militar por parte de Trump.
“Habrá todas las críticas que se quieran, pero los hechos son los hechos. Si hay una vanguardia cultural y artística de América Latina, se llama Cuba”, expresó.
En medio de este contexto internacional, el gobierno cubano también anunció cambios en su política migratoria.
La nueva ley de migración y extranjería elimina la obligación de regresar al país cada dos años para conservar los derechos ciudadanos, además de incorporar nuevas categorías de visa, como la de residente inversor y de negocios.
Lee también: “Si no aceptan, comenzarán los bombardeos”: Trump advierte a Irán sobre ataques más intensos si no hay acuerdo de paz
De acuerdo con el jefe del Departamento de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, el coronel Mario Méndez, estas modificaciones permitirán que cubanos residentes en el exterior, considerados anteriormente emigrados o exiliados, puedan invertir en la isla y participar en actividades empresariales con respaldo legal.
Con información de La Jornada


