Un alto funcionario estadounidense dijo que la Administración Trump ve la elección de jueces en México como un asunto de preocupación, lo que se ha expresado en varias ocasiones al Gobierno de México.
Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, fue cuestionado por legisladores durante la audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Durante su intervención en la audiencia, el funcionario aclaró que la elección de jueces no es, en sí misma, contraria al Estado de derecho, recordando que esto existe dentro de su propio país.
Sin embargo, Kozak enfatizó la necesidad crítica de contar con jueces calificados e independientes, advirtiendo que no deben estar “en el bolsillo de los cárteles, los chinos o cualquier otra persona”.
Señaló que esta es una preocupación compartida que se ha manifestado claramente en conjunto con la comunidad de inversionistas de Estados Unidos en México.
Finalmente, Kozak destacó que si México desea atraer inversiones, el país debe tomar las medidas necesarias, incluso dentro del marco legal que ha adoptado, para generar confianza en su sistema judicial y asegurar que este no se utilice de manera indebida contra los inversionistas.
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Describió la situación actual con México como un “trabajo en progreso”.
Esto dijo, textualmente:
No puedo enumerar públicamente las veces, pero hemos dialogado repetidamente con México sobre este tema. Creo que, como usted sabe, no podemos afirmar que la elección de jueces sea, por definición, contraria al Estado de derecho, ya que contamos con este sistema en muchos estados de Estados Unidos.
Sin embargo, lo que sí afirmamos —y lo hemos venido haciendo en conjunto con la comunidad de inversionistas estadounidenses en México— es que se necesitan jueces calificados e independientes, que no estén al servicio de los cárteles, los chinos ni de nadie más. Es un tema que nos preocupa y lo hemos dejado claro.
Creo que la principal exigencia por parte de México es que, si desean atraer inversiones, deben tomar las medidas necesarias (incluso dentro del marco que han adoptado) para generar confianza en su sistema judicial y garantizar que no se utilice indebidamente en contra de los inversionistas. Así que, sin duda, es un proceso en constante evolución.
