Hermosillo, Sonora.- El hallazgo de barriles con químicos detrás de una primaria en la colonia La Metalera, ocurrido el pasado 11 de marzo, derivó en una movilización de cuerpos de emergencia y abrió un proceso de revisión institucional sobre el manejo de residuos en la ciudad.
Tras el reporte, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio para atender la situación y evaluar posibles riesgos para la población.
A partir de este hecho, el Colectivo Ambientalista de Sonora envió por correo electrónico a autoridades un análisis sobre los riesgos en el manejo de residuos, respaldado por tres años de documentación ciudadana.
La información fue turnada por la Secretaría Anticorrupción al Órgano Interno de Control de PROAES, instancia que actualmente realiza una revisión sobre el caso.
El seguimiento institucional marca, de acuerdo con lo expuesto, una señal de que la problemática de residuos en Hermosillo ha comenzado a ser atendida desde el ámbito oficial.
Este caso, advierten, no debe considerarse aislado, ya que los riesgos asociados a la disposición inadecuada de desechos están presentes en zonas habitacionales y espacios donde conviven familias.
La situación también pone sobre la mesa la importancia de la participación ciudadana en la detección y documentación de problemáticas ambientales, así como la respuesta de las autoridades para su atención.
Bajo este contexto, se subraya que el cuidado del entorno implica una responsabilidad compartida entre sociedad e instituciones, y que este tipo de acciones pueden marcar un precedente en la atención de riesgos ambientales en la ciudad.
ONU pone la lupa en México
México enfrenta un escenario complejo en materia ambiental, con 1,142 sitios contaminados registrados a nivel nacional hasta junio de 2025, de acuerdo con el Inventario Nacional de Sitios Contaminados.
En varios de estos puntos, las condiciones han derivado en lo que especialistas denominan “zonas de sacrificio”, donde los impactos a la salud y al entorno evidencian fallas estructurales en la gestión de residuos y sustancias tóxicas.
Durante su visita oficial al país, el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos A. Orellana, advirtió que en estos espacios se han normalizado enfermedades graves y afectaciones sociales profundas.
“Vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo”.
El especialista subrayó que, pese a contar con un marco jurídico amplio que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, persisten desafíos en la aplicación efectiva de las normas, particularmente ante el crecimiento industrial y la generación de residuos peligrosos.
Entre los principales señalamientos se encuentra la desactualización de normas oficiales en materia de tóxicos, así como vacíos regulatorios en actividades como el manejo de residuos mineros o el uso de tecnologías emergentes.
Además, enfatizó que no existe justificación legal para mantener prácticas contaminantes bajo el argumento de derechos adquiridos.
“No existe un derecho adquirido a contaminar”.
El informe preliminar también advierte sobre la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, así como garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en temas ambientales.
En este contexto, se destacó el papel del Acuerdo de Escazú como un instrumento clave para asegurar derechos relacionados con el acceso a la información, la justicia ambiental y la participación pública.
El relator también alertó sobre los impactos desproporcionados de la contaminación en comunidades vulnerables, incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños, así como personas en situación de pobreza.
En materia de residuos, el documento señala la persistencia de tiraderos a cielo abierto, incineración irregular y prácticas deficientes en la clasificación de desechos, lo que incrementa la exposición de la población a sustancias peligrosas.
“Muchos desechos terminan siendo incinerados de manera irregular, exponiendo a las personas a afectaciones irreversibles a la salud”.
Asimismo, advierte sobre un patrón creciente de exposición a mezclas de contaminantes o “cócteles químicos”, derivado de la quema de basura, emisiones industriales y combustibles fósiles.
Otro de los focos de atención es la contaminación de cuerpos de agua en diversas regiones del país, incluyendo casos históricos como el Río Sonora, donde persisten afectaciones tras derrames industriales, así como ríos en el centro del país saturados de descargas tóxicas.
El informe también señala retos en sectores como la minería, donde la extracción artesanal de mercurio ha generado una crisis de salud pública en algunas regiones, con niveles de contaminación que superan ampliamente los parámetros de referencia.
En términos generales, el especialista llamó a reforzar el principio de que “quien contamina paga”, así como a garantizar que las empresas asuman su responsabilidad en la prevención, mitigación y reparación de daños ambientales.
Finalmente, subrayó que el respeto al derecho a un entorno libre de tóxicos es fundamental para garantizar condiciones de vida dignas.
“Hoy recordamos que la paz no es ausencia de guerra, hoy decimos que paz es poder respirar aire limpio, tener comida sana, tomar agua limpia”.
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Las conclusiones presentadas forman parte de un informe preliminar; el documento completo será entregado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en los próximos meses.
