Víctor Manuel Álvarez Puga, operador financiero acusado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, se encuentra detenido en Estados Unidos, en el Centro de Procesamiento Krome North, una instalación administrativa del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) para personas en situación migratoria irregular, y no una prisión penal, según registros de la dependencia estadounidense.
Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, son prófugos desde septiembre de 2021, cuando se emitieron órdenes de aprehensión en su contra por un caso de desvío de recursos de contratos para cárceles federales.
La pareja ha sido propietaria de varias residencias de lujo en Miami, incluyendo entre 2017 y 2020 una mansión de 15.5 millones de dólares que perteneció a la cantante Cher.
Álvarez Puga no contaría con visa de trabajo, visa de turista ni ningún otro documento que esté respaldando su estancia legal en Estados Unidos, lo que abre la posibilidad de ser deportado. Sin embargo, existen recursos legales que podrían permitirle permanecer en el país mientras se resuelve su litigio migratorio. Paralelamente, el Gobierno de México podría solicitar su detención con fines de extradición, lo que implicaría su traslado a una prisión federal.
En México, Álvarez Puga y Gómez Mont enfrentan un proceso penal en el que se libraron doce órdenes de aprehensión, cinco de ellas contra exmandos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y cinco contra presuntos factureros.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los funcionarios habrían triangulado 2 mil 950 millones de pesos de dos grandes contratos a seis empresas factureras, y algunas de estas transferencias beneficiaron directamente a la pareja.
En particular, se acusa a Álvarez Puga de transferir 243 mil pesos a una compañía de “papel” y recibir de la misma 2.1 millones de pesos. A Gómez Mont se le atribuye haber recibido 14.8 millones de pesos de dos de esas empresas. Desde marzo pasado, las cuentas de la pareja en México fueron aseguradas a solicitud de la FGR.
Los problemas legales de Álvarez Puga se remontan a 2010, cuando el SAT detectó que su despacho contable ofrecía servicios para la evasión fiscal. En cuanto a Gómez Mont, el 30 de noviembre de 2018, último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, se aceptó un acuerdo reparatorio mediante el cual pagaría 10.9 millones de pesos por impuestos federales omitidos, a cambio de que la FGR archivara la investigación por fraude fiscal. El gobierno actual, sin embargo, rechazó dicho acuerdo, manteniendo vigente la causa penal en su contra.
Con información de Reforma
