Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena originario de Oaxaca, emerge como uno de los principales aspirantes a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consolidando una creciente base de apoyo que refleja su trayectoria y propuestas de transformación en la impartición de justicia.
Con corte a las 9:50 de la mañana, Aguilar suma 2 millones 607 mil 582 votos, lo que representa un 5.10% del total, superando a la ministra Lenia Batres, quien registra 2 millones 471 mil 625 sufragios.

Postulado por el Poder Ejecutivo, Aguilar es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Con más de 30 años de experiencia, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Entre sus propuestas centrales, Aguilar plantea una transformación profunda en la manera en que se imparte justicia en el país. Su visión apuesta por un modelo jurisdiccional cercano a las personas, que incluya visitas in situ, diálogo directo y un entendimiento concreto de los problemas sociales, dejando atrás los formalismos excesivos.
“Las resoluciones no deben partir únicamente de razonamientos jurídicos abstractos, sino estar fundamentadas en la realidad y el contexto de quienes acuden al sistema de justicia”, sostiene Aguilar.

En ese sentido, propone una mayor participación de instancias especializadas, así como la ampliación de la figura del Amicus Curiae. También promueve el diálogo directo con las partes involucradas, para entender con mayor profundidad las controversias y enriquecer las decisiones desde diversas perspectivas.
Una de sus iniciativas más destacadas es el impulso a un diálogo republicano activo entre los poderes de la Unión, los estados, municipios y, especialmente, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En su perfil, Aguilar subraya: “Como indígena, un cargo es sinónimo de servicio. Por ello, busco ponerme al servicio de la justicia y de los pueblos”.
Entre los cargos que ha desempeñado figuran su labor como subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca, coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como su participación como ponente y activista jurídico en foros nacionales e internacionales.
“La justicia no se debe basar en la simple aplicación de la ley. La reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como sobre derechos humanos, son la base para incorporar en la impartición de justicia la visión colectiva de los pueblos y la dimensión humana de toda la nación, en particular de los sectores excluidos; tomando en cuenta sus realidades, aspiraciones de vida y sus contextos. Solo así lograremos una justicia real con efectos transformadores en la vida de todos”, concluye.