Por Valerie Gonzalez y Acacia Coronado
Eagle Pass, Texas, 25 de julio (AP).— Una fila de enormes boyas sobre el río Bravo. Alambre de púas que atraviesa propiedad privada sin el permiso de los dueños. Bulldozers que alteran constantemente el paisaje en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante más de dos años, el Gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha intensificado las medidas para impedirles a los migrantes ingresar a Estados Unidos, poniendo a prueba los límites jurídicos con una actitud desafiante e individualista a lo largo de los mil 930 kilómetros (mil 200 millas) de frontera que el estado comparte con México.
Ahora el rechazo a sus tácticas va en aumento, incluso dentro de Texas.
El hecho de que un agente policial estatal haya narrado cómo agentes les negaban agua a los migrantes bajo temperaturas superiores a los 37.7 grados Celsius (100 Fahrenheit), y el que solicitantes de asilo se hayan lastimado al intentar superar una cerca de alambre de púas ha desatado renovadas críticas.
El Gobierno de México, algunos residentes de Texas a lo largo de la frontera y la Presidencia de Joe Biden, están contraatacando.
El Departamento de Justicia interpuso el lunes una demanda contra Abbott con respecto a la barrera de boyas, de la que dice genera preocupaciones ambientales y humanitarias, solicitándole a una Corte federal que obligue al estado a desmantelarla.
Abbott, que ganó por amplio margen un tercer mandato durante las elecciones de noviembre con la promesa de implementar medidas fronterizas más estrictas, ha utilizado declaratorias de emergencia para sustentar jurídicamente algunas de sus acciones.
Los críticos dicen que es una visión distorsionada.
“De muchas maneras, lo que está haciendo Texas ahora es flagrantemente ilegal”, dijo David Donatti, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Texas.
Abbott no respondió a solicitudes de comentarios. En repetidas ocasiones ha atacado las políticas migratorias de Biden, y el viernes tuiteó que “alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas para cruzar ilegalmente el río Grande (nombre en inglés del río), en lugar de hacerlo de forma segura y legal por un puente”.
El Gobierno federal ha dicho que el número de cruces fronterizos ilegales ha caído significativamente desde mayo, cuando se implementaron nuevas medidas migratorias.
