La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió con efectos generales la orden de la Secretaría de Energía (Sener) para que las empresas compren el excedente del gas natural a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o sus filiales y subsidiarias.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) había solicitado la medida, como parte de una controversia constitucional promovida por el organismo.
En el documento judicial hecho público por el máximo tribunal no se dio a conocer el nombre del ministro o ministra que concedió la suspensión.
La resolución suspende los “efectos y consecuencias” del oficio emitido por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el pasado 13 de junio, así como el de la titular del Centro Nacional de Control de Gas (Cenegas), Rosa Elena Torres, del pasado 27 de junio.
De acuerdo con el oficio emitido por Nahle, el objetivo de estas medidas es acabar con la capacidad ociosa de transporte de gas natural, es decir, la red que está siendo subutilizada por la CFE, y fomentar la soberanía energética.
El oficio del Cenegas notificó a los usuarios del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) que tenían 60 días naturales (que vencieron el 13 de agosto) para acreditar la compra de gas a las empresas estatales.
El gobierno mexicano tiene 30 días para interponer un recurso de impugnación en contra de la suspensión.
A mediados de julio, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión definitiva a varias empresas contra la estrategia que emitió la Secretaría de Energía para el suministro y optimización del sistema de transporte y almacenamiento de Gas Natural, por posibles afectaciones a la competencia económica y a la legalidad.
La decisión sólo era efectiva para las empresas GDF Suez México Comercializadora, Consorcio Mexi-Gas, Tractebel Digaqro, Tractebel DGJ, Tractebel GNP, Natgasmex, Tamauligas, Engie San Miguel de Allende, Energía Natural Peninsular y GE Gaseco Gnv Región Golfo.
Al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció que impugnará la decisión del juez, por tratarse de una sentencia ilegal.
Al presentar la controversia, la Cofece estimó que la estrategia del gobierno federal incrementaría las tarifas de gas y de la electricidad, debido a una menor competencia. Además se otorgaría una ventaja competitiva a la CFE y a Pemex.
Organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) habían alertado que la medida podría impactar en la competitividad y obligaría a los usuarios del servicio de transporte de gas natural a negociar solamente con la CFE.
El organismo explicó que el cambio atentaría contra el estado de derecho al modificar los términos y condiciones bajo los cuales los usuarios firmaron contratos de transporte de gas natural, lo cual pone en riesgo la certidumbre jurídica en el sector en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración.
