WASHINGTON – El gobierno de Donald Trump ha dado un paso más en su política de mano dura migratoria. Esta vez, amplió la autoridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a refugiados que ingresaron legalmente a Estados Unidos, pero que aún no han obtenido la residencia permanente.
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio por intensificar el control sobre inmigrantes, tanto documentados como indocumentados. Así lo establece un memorando fechado el 18 de febrero, presentado por abogados del Gobierno en un tribunal federal y obtenido por CBS News.
La directiva ordena al ICE poner bajo custodia a aquellos refugiados que, tras un año en el país, no hayan formalizado su estatus como residentes permanentes, es decir, no hayan recibido la conocida “green card”. La ley federal exige que los refugiados soliciten la residencia dentro del primer año de su llegada a Estados Unidos.
Para entender el alcance de la medida, conviene recordar quiénes son los refugiados. Se trata de personas que reciben protección en Estados Unidos después de demostrar que huyen de persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social. Durante décadas, el país ha reasentado a decenas de miles cada año, tras exhaustivos procesos de verificación que suelen durar años y realizarse fuera del territorio estadounidense.
Sin embargo, la administración Trump redujo drásticamente ese programa, limitando las admisiones y otorgando excepciones puntuales a ciertos grupos, entre ellos afrikáneres sudafricanos que, según las autoridades, enfrentan discriminación racial.
La nueva política no se enfoca en quienes buscan ingresar, sino en quienes ya están aquí. El memorando, firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, y por Joseph Edlow, jefe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), sostiene que el plazo de un año debe considerarse un “punto de revisión obligatorio”. En otras palabras, si el refugiado no ha ajustado su estatus a residente permanente en ese tiempo, debe regresar a la custodia del Gobierno para que su caso sea revisado.
El documento señala que los afectados pueden presentarse voluntariamente a una entrevista en una oficina migratoria. Si no lo hacen, el ICE queda autorizado para localizarlos, arrestarlos y detenerlos.
Durante ese periodo, la agencia podrá mantenerlos bajo custodia mientras realiza una “inspección y examen” para determinar si obtuvieron el estatus de refugiado mediante fraude o si representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, ya sea por presuntos vínculos con el terrorismo o por antecedentes penales graves.
Si en esa revisión surgen señales de alerta, el memorando advierte que el Gobierno puede revocar el estatus legal del refugiado y someterlo a un proceso de deportación.
En la práctica, la medida convierte el primer aniversario de llegada al país en un momento crítico: no solo un trámite administrativo pendiente, sino también un posible punto de detención y revisión bajo custodia federal.
