Redacción AN
Luego de que el gobierno federal declarara que el Tren Maya tiene carácter de seguridad nacional y reanudara su construcción, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se incurra en desacato a los amparos que mantenían suspendida la obra.
“Ante los jueces se lleva el procedimiento para terminar de demostrar que no hay ningún daño, pero además por ser asunto de seguridad nacional se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
López Obrador afirmó que los amparos fueron presentados por “un grupo de corruptos y pseudo ambientalistas” que buscaban anteponer sus intereses personales por encima del interés general.
“Además, ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo, al presupuesto que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos”, recalcó el presidente.
Aunque no precisó si las demoras podrían resultar en sobrecostos a la obra, el mandatario señaló que, a pesar de los costos que representó al erario la suspensión de la obra, será entregada en diciembre de 2023.
El presidente también habló sobre una presunta “conspiración” en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de evitar que siga avanzando el movimiento político que encabeza.
El proyecto estaba suspendido mediante juicios de amparo que buscaban asociaciones ambientalistas que argumentan afectaciones a los ecosistemas; en particular, reclaman que se emprendió el proyecto sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental, que es un requisito ineludible para este tipo de obras.
Este fin de semana, la asociación Sélvame del Tren informó que el gobierno federal reactivó los trabajos, “sin permisos y sin esperar la resolución de los jueces, violando de manera flagrante la ley y poniendo en riesgo a la Riviera maya, a su gente, su economía, su riqueza natural”.
El tramo 5 del Tren Maya va de Playa del Carmen a Tulum y está a cargo del Ejército mexicano, que subcontrató a tres empresas trasnacionales para realizar las obras: Mota Engil, Azvindi Ferroviario y Consorcio ICA.
Ambientalistas han advertido que la obra tendrá un impacto sobre el ecosistema, incluyendo la zona cavernosa sobre la que pasará la obra.
