Por Teresa de Miguel
La tala de selva virgen para abrir paso al tramo 5 del Tren Maya seguirá detenida. Un juez federal ha ordenado la suspensión definitiva de las obras del ferrocarril entre Playa del Carmen y Tulum hasta que se resuelva el juicio, lo que podría tardar meses o incluso años.
El magistrado confirma así su decisión de abril, cuando paralizó de forma provisional la construcción por la falta de permisos ambientales, y se inclina a favor del grupo de buzos que presentó una demanda contra el proyecto alegando que provocará un daño irreversible en el complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona.
El principal argumento del juez Adrián Fernando Novelo es que las autoridades no cuentan con la autorización de impacto ambiental requerida para cualquier obra en el país. “Si bien la sociedad está interesada en el desarrollo de vías de comunicación, de igual manera lo está en que ello se desarrolle sin la afectación al medio ambiente y con base en la normativa que al respecto se prevé en el derecho mexicano”, dice el escrito publicado este lunes.
El gobierno se había escudado en un decreto de noviembre del año pasado que designó el proyecto como un asunto de “seguridad nacional”, para sortear los trámites a los que debía someterse. Pero el juez Novelo ha ordenado que, pese al decreto, la autoridad debe respetar la ley. Fonatur, la autoridad encargada del proyecto, todavía puede apelar el fallo conocido este lunes.
Pepe Urbina, uno de los buzos que presentaron la demanda junto a la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), celebró entre lágrimas la decisión del juez desde la zona de la selva afectada por la tala, que inició en marzo pasado. Urbina se encontraba allí junto al biólogo Roberto Rojo haciendo un censo de la fauna silvestre que habita en las cuevas y ríos subterráneos con los que se ha topado la construcción del tren.
La presión de buzos, espeleólogos, científicos, ecologistas e incluso artistas por el impacto ambiental de la obra forzó a Fonatur a presentar la manifestación de impacto ambiental de la obra el pasado 20 de mayo, en la que reconoció la afectación “crítica” que ocasionará la deforestación de más de 485 hectáreas de selva virgen. El documento todavía no ha recibido el visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente, un requisito indispensable en cualquier obra del país.
La noticia supone un duro revés para uno de los megaproyectos estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado que el ferrocarril tiene que echar a andar a finales del año que viene. “Piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared (…) pero vamos a pedir a los jueces que resuelvan lo más pronto posible”, dijo el mandatario el pasado 29 de abril en su conferencia matutina desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, al referirse a la cascada de demandas que le ha llovido al proyecto.
“Los amparos son de organizaciones financiadas por empresas, otros incluso por el Gobierno de Estados Unidos”, llegó a acusar. El presidente defendió entonces el ferrocarril, que supone la creación de 105 mil empleos y una inversión de 280 mil millones de pesos. “Nunca en la historia del sureste se había llevado a cabo una obra así”.
Con información de El País
