El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra Texas por presuntamente discriminar a la población latina y afroamericana con su nuevo mapa electoral.
El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, señaló en una rueda de prensa que la demanda alega que “Texas ha violado la Ley de Derechos Electorales” al “crear planes de redistribución de distritos que niegan o unen los derechos de los votantes latinos y negros a votar debido a su raza, color o membresía en un grupo de minorías lingüísticas”.
-Anuncio-La demanda puesta por el Gobierno apunta al mapa del Congreso de Estados Unidos elaborado para la próxima década de elecciones, así como al plan para la Cámara Estatal.
En este sentido, en la demanda se indica que no se reconoce el “creciente electorado minoritario” en Texas, donde el Congreso se ha ampliado a 38 escaños con el “diseño de dos nuevos escaños para tener mayorías de votantes anglosajones”, pese a que estos se obtuvieron por el impulso de las mencionadas comunidades.
Asimismo, se detalla que se impidió “obtener un escaño que abarcase al creciente electorado latino en el condado de Harris” y se “excluyó a comunidades minoritarias del núcleo de Dallas-Fort Worth”, al tiempo que se eliminaron oportunidades electorales latinas en el plan de la Cámara de Representantes.
-Anuncio-Al respecto, la fiscal general adjunta de Estados Unidos Vanita Gupta reiteró que una investigación determinó que los planes de redistribución de distritos en el estado “diluyen el aumento de la fuerza de votación de las minorías”, que, por el contario, “debería haberse desarrollado por los cambios demográficos”.
Esta es una nueva demanda que enfrenta Texas por los mapas electorales que fueron promulgados por el gobernador republicano, Greg Abbot. Además, se trata de la segunda demanda que la Administración del presidente, Joe Biden, ha presentado en relación con los derechos del voto.
Ante esta nueva demanda, el fiscal general del estado, Ken Paxton, calificó la acción de “absurda” y dijo que se trata de una “última táctica de la Administración Biden para controlar a los votantes en Texas”.
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