El Congreso de Nuevo León avanzó en el proceso legislativo contra el gobernador Samuel García, luego de que la Comisión Anticorrupción aprobara iniciar un juicio político derivado de presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos y señalamientos sobre un supuesto esquema financiero vinculado con empresas relacionadas con integrantes de su familia.
La decisión fue impulsada a partir de una solicitud presentada por la bancada de Morena el pasado 8 de junio y aprobada dos días después en comisión, en medio de un contexto donde se mantienen abiertas diversas indagatorias por presuntos movimientos financieros que habrían superado los mil millones de pesos.
De acuerdo con los señalamientos expuestos en el Congreso, parte de los recursos habrían sido canalizados a través de despachos y empresas vinculadas con familiares del mandatario estatal, entre ellos el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, en el que figuran como accionistas el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
Otro de los nombres mencionados en la investigación es la empresa “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, la cual presuntamente habría recibido transferencias millonarias que posteriormente habrían sido movidas hacia otras cuentas, incluso fuera del país, según los reportes difundidos.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial que confirme estas acusaciones.
Con el inicio del procedimiento, el gobernador deberá ser notificado formalmente y tendrá derecho a presentar su defensa ante el Poder Legislativo, ya sea por escrito o mediante comparecencia.
La legislación local establece un plazo de 15 días hábiles para responder a los señalamientos.
Aunque algunos legisladores no asistieron a la sesión, la comisión logró el quórum necesario para aprobar el trámite del juicio político, lo que marca el arranque formal del proceso en el Congreso estatal.
En paralelo, se ha señalado que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares; sin embargo, no ha emitido una conclusión definitiva sobre el caso.
El gobernador Samuel García ha rechazado públicamente las acusaciones y sostiene que ya fueron revisadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la cual habría determinado el no ejercicio de la acción penal.
“Por tanto, son falsos todos los señalamientos…”.
“La Fiscalía emitió una resolución definitiva de no ejercicio de acción penal, pues después de analizar las pruebas, determinó que no existe irregularidad”, afirmó en redes sociales.
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Ahora, el Congreso deberá analizar la respuesta del mandatario y definir si el procedimiento avanza hacia nuevas etapas legislativas o se archiva.
