Carlos Salinas Maldonado/EL PAÍS
El régimen de Daniel Ortega se ha topado este lunes con el repudio internacional a la jornada vivida el domingo, en la que el exguerrillero se ha proclamado vencedor con un cuestionado 75% de los votos de unas elecciones tachadas de farsa. A Estados Unidos y Costa Rica —los dos primeros países que se pronunciaron contra el proceso— se han unido España, Chile y los 27 integrantes de la Unión Europea, que han decidido desconocer los resultados, por considerar que los comicios no contaron con garantías democráticas mínimas. “España no reconoce las elecciones en Nicaragua, porque son una burla a la democracia, al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional”, ha afirmado José Manuel Albares, ministro de Exteriores español.
En Europa, el alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, anunció que los 27 Estados miembros analizan “medidas especiales” como respuesta a lo que ha catalogado como proceso sin legitimidad. “Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes”, ha afirmado Borrell en un comunicado. “El Gobierno nicaragüense no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, sino que tampoco ha cumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales con arreglo a la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y los pactos internacionales de los que el país es parte”, ha advertido el encargado de la diplomacia europea.
Borrell ha destacado que la UE ha instado al régimen de Managua a que se respeten los derechos humanos en Nicaragua y que garantice procesos democráticos legítimos, peticiones que el Gobierno de Ortega no ha escuchado. “La Unión Europea ha evitado cuidadosamente cualquier medida que pudiera agravar las dificultades del pueblo nicaragüense y se ha dirigido sistemáticamente solo a los responsables de los sucesos antidemocráticos en Nicaragua. Con este mismo espíritu, estudiaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para adoptar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales”, ha afirmado Borrell.
Chile y Costa Rica han sido los primeros países de América Latina que han rechazado los resultados de las elecciones. La noche del domingo el presidente costarricense, Carlos Alvarado, anunció que su país desconocía los resultados, por considerar que el proceso no es creíble, justo, ni independiente. “Por su carencia de condiciones y garantías democráticas, no reconocemos las elecciones en Nicaragua. Hacemos un llamado al Gobierno para que libere y restituya los derechos de los presos políticos, así como a la comunidad internacional a propiciar el diálogo para recuperar la democracia en Nicaragua”, ha afirmado Alvarado.
La mañana de lunes, el canciller de Chile, Andrés Allamand, hizo un anuncio parecido. “Ayer tuvo lugar un acto electoral en Nicaragua, el que careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente. El Gobierno de Chile rechaza y no reconoce la legitimidad de las elecciones realizadas en Nicaragua, las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y [su esposa] Rosario Murillo en el poder consolidando un régimen dictatorial”, ha anunciado la Cancillería chilena en un comunicado.
El Gobierno de Chile alega que la jornada electoral del domingo se realizó “en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, incluyendo encarcelamiento de líderes y candidatos opositores, represión de los partidos independientes, persecución a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de observadores internacionales y bloqueo a los medios de comunicación independientes. “Todos estos hechos han sido denunciados por organismos que cautelan los derechos humanos, la Unión Europea y diversos países de la comunidad internacional”, expresa la diplomacia chilena.
En su comunicado, Chile exige a las autoridades nicaragüenses la liberación “sin condiciones” de los presos políticos del régimen, así como restaurar la vigencia de los derechos civiles y políticos, autorizar el ingreso de organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos y terminar con el acoso a la oposición.
El domingo, fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primero en reaccionar a las elecciones nicaragüenses, que ha catalogado como “pantomima” y ha recordado las violaciones a los derechos humanos producidas en el país centroamericano desde junio, cuando Ortega inició una ola de persecución y encarcelamiento de voces críticas. “Durante mucho tiempo impopulares y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua como autócratas, no de forma diferente de la familia Somoza, contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas”, ha afirmado Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Biden no ha cerrado la puerta a medidas que puedan presionar al régimen de Managua.
“Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al Gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos”. El Congreso estadounidense aprobó la semana pasada una ley conocida como RENACER, que le da a Biden amplios poderes para imponer sanciones a Nicaragua, incluida la exclusión del Tratado de Libre Comercio con esa potencia.
Estos llamados se unen a lo proclamado la noche del domingo por cuatro expresidentes latinoamericanos, que han exigido a los gobiernos de Latinoamérica que desconozcan los resultados de las elecciones. La solicitud está firmada por Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Laura Chinchilla, de Costa Rica, Juan Manuel Santos, de Colombia, y Ricardo Lagos, de Chile. Los exmandatarios consideran que los comicios nicaragüenses carecen de legitimidad y llaman a suspender el financiamiento que organismo internacionales otorgan al Gobierno de Ortega, así como expulsar al régimen de la Organización de Estados Americanos (OEA).
