Un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Baja California y exsenador Ernesto Guillermo Ruffo Appel, así como a otras siete personas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Además de Ernesto Ruffo, la resolución judicial alcanza a Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo, Guillermo de la Peña Rosales, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
La FGR señaló que, tras diversos recesos durante la audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” cumplirán la medida en sus domicilios debido a motivos de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá internada en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
Después del debate entre las partes, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la definición de su situación jurídica se resolverá en una etapa posterior.
De acuerdo con la FGR, las detenciones se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad como resultado de una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, en las que presuntamente participaron los imputados.
La dependencia explicó que la investigación está vinculada con un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal, que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, ya sea reportando menores volúmenes de los transportados o declarando la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.
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La Fiscalía General de la República indicó que estas conductas generan una afectación económica para el país y representan una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
Con información de El Universal
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— FGR México (@FGRMexico) July 19, 2026
