La intención del gobierno federal de promover ante el Senado la desaparición de poderes en Tamaulipas infiere el resurgimiento de una figura constitucional del sistema político mexicano no utilizada desde 1975 —en los Estados de Guerrero e Hidalgo—.
Se trata de una figura ofensiva y abusiva, que desmentía las mejores tesis del federalismo mexicano, porque se debía fundamentalmente a decisiones personales del presidente de la República contra gobernadores que no eran de su preferencias o que —a juicio del mismo Ejecutivo— no cumplían adecuadamente con sus funciones en los estados.
Israel Nogueda, de Guerrero, salió del gobierno porque le era incómodo al nuevo Ejecutivo estatal Rubén Figueroa. Le generaron un conflicto de tierras y le desestabilizaron el estado. De pasada desaparecieron al Congreso local y al entonces Supremo Tribunal de Justicia.
Otoniel Miranda Andrade no era el favorito del presidente Echeverría para ser candidato a gobernador en Hidalgo, pero era a quien impulsaba el viejo cacique Hidalguense Manuel Sánchez Vite —que había renunciado a la dirigencia nacional del PRI en 1972 por diferencias notables con el presidente de la República—. Él termina por imponer a Miranda, pero solo duró un mes en el cargo. Se generó un conflicto con los maestros, se desestabilizó la entidad y desaparecieron los Poderes. En el caso de Guerrero el interino fue Xavier Olea, y Raúl Lozano en Hidalgo.
Para evitar estos excesos, Jesús Reyes Heroles, a la sazón secretario de Gobernación en el siguiente sexenio, promovió con la reforma política de 1978 la reglamentación de la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para que ya no fuera tan fácil aplicar la disposición y quedó para aquellos casos en que un gobernador pudiera quebrantar los principios del régimen federal, abandonar el cargo, querer quedarse más allá del tiempo legal establecido para el período, estar imposibilitado para ejercer el cargo y promover o adoptar para su entidad una forma de gobierno distinta a lo establecido en los artículos 40 y 115 de la CPEUM. No se señala, pero también se aplicaría en aquellos casos de Ejecutivos estatales que quisieran abandonar el pacto federal o declarar la independencia de la federación por parte de la entidad, como se intentó en Yucatán y Chiapas a mediados del siglo XIX. Dice la fracción V del 76 (Facultades exclusivas del Se-nado): “Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado”.
En la historia de México han caído gobernadores por distintos motivos. Unos han recibido otros empleos, otros más han sido enviados al ostracismo y algunos de ellos, ya en calidad de exgobernadores, han sido procesados por las autoridades judiciales al acusarlos de diversos delitos. Muchos de ellos permanecen en la cárcel.
El caso de Tamaulipas aparece como una entidad políticamente descompuesta en los últimos 10 años.
Pocos días antes de la elección del 2010 fue asesinado el candidato priista Roberto Torre Cantú camino al aeropuerto y a plena luz del día. Iba al cierre de su campaña en Matamoros; lo sustituyó en la candidatura su hermano Egidio que ganó la elección y gobernó del 2010 al 2016. El PRI perdería la elección del 2016 ante el PAN y su candidato Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022).
Tamaulipas Se descompuso también con la aprehensión en Italia del exgobernador Tomás Yarrington (1999-2005 ) y el procesamiento de su sucesor Eugenio Hernández Flores (2005-2011). Ambos permanecen en la cárcel por acusaciones directas de haber estado vinculados al hampa organizada. Yarrington fue extraditado de Italia a los Estados Unidos, donde se lleva el juicio, y Hernández permanece en México también con un proceso de extradición pendiente.
En la nueva etapa del gobierno de la llamada 4T la relación con los gobernadores de la oposición no ha sido la esperada. Ha habido descalificaciones, enfrentamientos, marginación y una comunicación muy limitada. En casi tres años no ha habido una sola reunión de trabajo con to-dos los gobernadores para revisar sus agendas.
La última reunión se dio en el marco de la llamada “Declaración por la Democracia” donde el presidente instó a los gobernadores a evitar injerencias en el proceso electoral en curso; pero fue el primero en violar el pacto al estar presentando en las conferencias mañaneras acusaciones sin pruebas contra candidatos y partidos, principalmente del estado de Nuevo León.
Ha habido conflictos notables del presidente con Chihuahua y Jalisco, desaires a Michoacán, enfrentamientos con los 11 gobernadores que se salieron de la Conago, una notable disminución del presupuesto federal a estados del norte y muchas giras —más de campaña— con muy pocos logros para los estados, a los cuales por cierto nunca se les consultan las obras a realizar. El presidente ha privilegiado sus tres obras «magnas» del sexenio: La refinería, el aeropuerto y el tren maya. No se han visto avances ni en educación ni en salud ni en grandes obras para el desarrollo.
En el caso de Tamaulipas el presidente ha concentrado sus estrategias por varias razones: Se trata de un golpe directo al PAN en pleno proceso electoral, para tratar de influir en los votos a favor de la Alianza. El caso Tamaulipas distrae a la opinión pública de asuntos candentes, como el accidente de la línea 12 del Metro que involucra a colaborado-res clave del presidente. Sirve también para enviar señales a los gobernadores actuales de que no habrá excepciones en el trato Federación-Estados, y trata de justificar la lucha contra la corrupción aunque pase sobre el resto de los Poderes y la traída autonomía de la Fiscalía General.
Como el Poder Legislativo local ejerció sus facultades, y la Suprema Corte le dio la razón, la federación quedó desarmada. Ya no hubo un Congreso local dócil como antes. Ya no se atendió en desventaja una disposición federal con instrucción presidencial (el desafuero del 30 de abril por la Cámara de Diputados) y el Estado, a través de la Legislatura local, ejerció la soberanía que le garantiza la norma constitucional para defenderse.
El gobernador García Cabeza de Vaca conserva el fuero otorgado por el Legislativo local, y lo mantendría aunque solicitara licencia. La federación, a través de la coordinación en el Senado, ha enviado una señal—amenaza—, de iniciar el proceso de desaparición de Poderes. Una medida abusiva, insisto, que a estas alturas solo complicaría el problema político en lugar de resolverlo. Ante eso, ahora el Presidente de México deberá optar por lo que le ocasione menos daño: Usar una figura coercitiva inaplicada desde hace 50 años o atender, apegándose al derecho, los caprichos contra sus oposiciones ante el torpe y desaseado manejo de una crisis política atizada por los mismos miembros de la llamada 4T.
Bulmaro Pacheco
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