El último día de agosto el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) deberá entregar al congreso local los resultados de su revisión a la cuenta pública del ejercicio 2024. Se incluyen las cuentas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de ayuntamientos, órganos autónomos y sindicatos.
El congreso local tiene como fecha límite para calificar y dictaminar las cuentas el próximo 15 de octubre. O sea, es seguro que en esas fechas sabremos los detalles de las observaciones y desviaciones detectadas. Increíble que casi 10 meses después de cerrarse el ejercicio 2024 podamos, como ciudadanos, escudriñar en detalle el manejo de los recursos públicos del año pasado.
Con tanta tecnología y recursos disponibles resulta inadmisible que, a estas alturas, la cuenta pública apenas esté entrando en una de sus fases finales, y es seguro que seguiremos encontrando las mismas observaciones de cada ejercicio: la clásica obra sin expediente técnico que la respalde, pólizas de cheque sin evidencia documental del gasto, comprobante de un proveedor diferente al beneficiario del cheque, etcétera.
Como ciudadanos, debemos empujar por una modificación paulatina pero urgente de la normatividad que establece los plazos de todo el proceso que siguen las cuentas públicas, desde su elaboración hasta su aprobación o rechazo por parte del pleno del Poder Legislativo.
En el informe del año pasado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, la Dra. Beatriz Elena Huerta Urquijo, titular del órgano fiscalizador, mencionó que en el paquete entregado al Congreso local se incluyeron 332 informes individuales correspondientes a 132 auditorías integrales practicadas a 103 entes estatales: 15 dependencias y 63 entidades del ejecutivo, 9 organismos autónomos, 8 sindicatos, 6 asociaciones civiles, y los poderes Legislativo y Judicial.
En lo referente a los municipios, la Auditora Mayor mencionó que se practicaron 199 auditorías integrales a un total de 140 entes municipales: 72 municipios, 65 paramunicipales y 3 sindicatos.
El año pasado, junto con su informe, la titular del ISAF adelantó algo de información en un formato bastante amigable, denominado “Informe ciudadano”; según el mencionado, 27 municipios superaron sus metas en la captación del impuesto predial. Quedamos a la espera de que este año también nos faciliten el citado informe, para adelantar un poco el respectivo seguimiento y análisis de las cifras.
Desde luego que será interesante saber qué municipios, entes o dependencias volvieron a reprobar la cuenta pública, es decir, quiénes de los que reprobaron el ejercicio 2023 vuelven a reprobar 2024. Recuerdo el emblemático caso de la Universidad de Sonora que, por primera ocasión en su historia, reprobó su cuenta pública.
Así que en el grupo de los órganos autónomos hay que esperar el dictamen de la Universidad de Sonora. Nuestra Alma Mater no ha querido acatar la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), el órgano fiscalizador se lo señaló como observación recurrente hasta el cansancio. Finalmente terminó reprobando a la Unison en la cuenta del 2023, lo cual no es un asunto menor dado lo que la Institución representa para los Sonorenses.
