BUENOS AIRES (AP) — En el área de terapia intensiva de una clínica al noroeste de Buenos Aires las camas están vacías y los monitores de los respiradores todavía tienen el envoltorio de fábrica. Los armarios desbordan de medicamentos, jeringas y material descartable; los tubos de oxígeno están al tope mientras un tomógrafo permanece apagado. Sólo falta algo: pacientes.
La postal no concuerda con lo que sucede en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la mayoría de los hospitales ubicados en los suburbios que rodean a la capital argentina en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, con un promedio de 20 mil contagios y 400 fallecidos por día en las últimas semanas. En el área metropolitana de Buenos Aires la ocupación de camas ronda el 90%.
La clínica privada San Andrés de la localidad de Caseros no funciona desde principios de año, cuando su director falleció de coronavirus y sus herederos se desentendieron de los 144 trabajadores mientras la justicia define la sucesión. Desde entonces enfermeros, radiólogos, instrumentadores y técnicos, entre otros, tomaron la clínica y reclaman a las autoridades sanitarias su reapertura.
“Es una vergüenza que no nos den la posibilidad de abrir las puertas y poder ayudar en esta pandemia”, dijo a AP Alicia Rey, jefa de servicio de cirugía de la clínica y que oficia de vocera del personal sanitario, sentada junto a otras compañeras en una mesa que pusieron en el hall central. “No es solamente la fuente laboral, te hablo de poder ayudar a salvar vidas que es lo que aprendimos y fuimos formados”.
La mujer reveló que “tenemos materiales descartables, drogas que lamentablemente ya se empezaron a vencer y las tenemos que tirar, es ilógico con lo que estamos viviendo”.
El caso de la clínica San Andrés pone en evidencia un problema más profundo sobre la eficiencia y rentabilidad de la salud privada en el distrito más poblado del país. Una decena de sanatorios cerraron sus puertas en el último año de pandemia.
La cámara de prestadores de salud del conurbano (CAPRESCO) estima que por ello se perdieron unas 700 camas.
“Las clínicas y sanatorios no tienen rentabilidad desde hace años, el sistema se fue desfinanciando”, afirmó el licenciado Guillermo Barreiro, administrador de una clínica y miembro de CAPRESCO. “El problema no es la falta de pacientes. Para nuestro sector la inflación es el mal de los males”.
Las clínicas de Buenos Aires se financian principalmente con la atención de obras sociales estatales como PAMI, que cubre la salud de los jubilados del sistema nacional, de sindicatos y, en menor medida, empresas prestadoras de salud.
Según Barreiro, los ingresos de las clínicas no alcanzan a cubrir los gastos, tales como insumos médicos y salarios del personal en un contexto de inflación que en 2020 fue de 36% y que este año acumula 13%.
Los anestésicos y miorrelajantes que se le suministran a pacientes en estado crítico aumentaron en promedio más el 380% en el último año, además de estar en falta. El midazolam en ampollas, sedante que se aplica antes de intubar a un paciente, tuvo un incremento de 1.062%, mientras el oxígeno líquido y en tubo más del 40%.
Según una estimación del hospital universitario de Clínicas, un paciente covid tiene un costo por día entre 90 mil y 120 mil pesos (900 a mil 200 dólares). PAMI abona 100 mil pesos (mil dólares) por internación completa.
El sistema de salud privado, que atiende a siete de cada diez argentinos, sufrió también una merma de ingresos en 2020 al caer abruptamente la atención de patologías no covid por el temor de los pacientes a contagiarse, advirtió Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA).
Esta organización reúne a más de 280 clínicas en todo el país, varias de la cuales iniciaron procedimientos preventivos de crisis.
“Una actividad en un país con 40%-50% de inflación, que cobra a los 30, 60 o 90 días de facturación, esto jamás puede ser rentable. Tenés que sentarte con el PAMI, que es un monopolio, a negociar; con obras sociales provinciales, con las empresas de medicina prepaga… y nosotros de este lado que somos miles y miles negociando de a uno con estos monstruos, es imposible”, apuntó Cherro.
Debido a las restricciones por la pandemia que profundizaron la recesión económica, el gobierno de Alberto Fernández lanzó un plan de subsidios para ayudar a las empresas a pagar una parte del salario de los trabajadores y evitar despidos. Las clínicas privadas también reciben esta ayuda estatal.
“Ellos no quieren seguir con esto abierto. Nos dijeron que ‘lo único que heredamos son deudas’”, reveló la instrumentadora Rey sobre la explicación que le habían dado los herederos de la clínica San Andrés, durante un recorrido por las instalaciones. Los empleados no recibieron telegramas de despido y en diciembre cobraron su último salario.
En la puerta de ingreso al establecimiento, un cartel recibe a los visitantes: “Estuvimos en la primera línea durante la pandemia. Hoy abandonados”.
“Este silencio te aplasta”, admitió Rey. “No es el sonido normal de una clínica, vos entrabas y escuchabas el bullicio de los pacientes y el ruido de los equipos funcionando”.
El centro médico está impecable. Sus empleados duermen allí en turnos rotativos y se ocupan de mantenerlo en óptimas condiciones a la espera de una solución para volver a trabajar. Existen negociaciones con grupos empresarios y está la opción menos factible de estatizar el centro de salud.
“Vamos a seguir peleándola porque estamos convencidos que esta clínica se tiene que reabrir, la comunidad lo necesita. Cueste lo que cueste, no vamos a bajar los brazos”, concluyó Rey.
Con información de AP.
