SANTIAGO DE CHILE (AP) — La fiscalía de la región de Los Ríos, en el sur de Chile, acusó el lunes de homicidio simple al policía militar que le disparó a un malabarista que se negó a un control de identidad, una muerte que ha conmocionado al país y desatado una ola de violencia.
El fiscal Juan Agustín Meléndez, que reconstruyó los hechos ocurridos el viernes, solicitó el arresto domiciliario del carabinero que disparó contra el joven malabarista Francisco Martínez Romero, de 27 años, en la pequeña localidad turística de Panguipulli luego de que el joven rehusó someterse a un control de identidad, obligatorio por ley desde 2019.
Según la fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) afirmó que el joven mantuvo una actitud amenazante con los machetes con los que actuaba y que tenían filo, y no depuso su actitud a pesar de las advertencias de los carabineros. Uno de ellos hizo seis disparos, el primero al suelo y varios primero a la pierna y luego al cuerpo del joven.
“El disparo letal es el último”, señaló el Ministerio Público, “que es un impacto que da en el corazón”, afirmó usando lenguaje no médico. El fiscal Meléndez calificó este último disparo como innecesario y por ello solicitó el arresto domiciliario del policía.
El juez de Panguipulli, 800 kilómetros al sur de Santiago, debe evaluar los hechos presentados en una audiencia que era transmitida en directo y que llevaba varias horas, que tiene al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como querellante.
El nuevo caso de posible violencia policial -viralizado a través de un video en las redes sociales- generó un repudio transversal y desató una ola de violencia en la Región Metropolitana y en el sur del país que ha dejado más de 40 detenidos, la quema de varios edificios públicos, -como la municipalidad en Panguipulli, de unos 32.000 habitantes- y el incendio de autobuses en el humilde barrio santiaguino de Puente Alto, donde reside la familia del fallecido, entre otros hechos violentos.
La policía chilena alegó en una primera instancia que el policía había actuado en defensa propia y posteriormente que los hechos estaban siendo investigados y que estaba en manos de la justicia determinar lo ocurrido.
El joven, que era muy apreciado por la comunidad de Panguipulli, fue velado en esa localidad el sábado de manera multitudinaria antes de que sus restos llegaran a Santiago el domingo, donde también hubo un velatorio masivo y se vivieron momentos de tensión, según pudo comprobar un equipo de The Associated Press trasladado al lugar.
Los medios chilenos informaron que el joven padecía esquizofrenia, según relató su hermana, y que era tío del adolescente lanzado por un policía desde un puente de casi metros en otro acto de brutalidad policial ocurrido en octubre que también conmocionó al país.
El caso ahonda una crisis profunda de la policía chilena -sobre la que se ha planteado en numerosas ocasiones la necesidad de una reforma de gran magnitud- que data de las documentadas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019 y que dejó más de 450 personas con trauma ocular, al menos 31 muertos y unas 4.000 denuncias por violaciones de los derechos humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos estableció en un informe publicado la semana pasada que en estos casos, considerados “los más graves desde el retorno de la democracia en el país”, el Estado chileno estaba más cerca de “la impunidad” que de la “verdad y justicia” dado el tiempo transcurrido desde los hechos.
