El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este jueves 2 de abril de 2026 un nuevo estado de excepción con vigencia de 60 días, enfocado en nueve provincias y cuatro cantones considerados estratégicos por su nivel de violencia y presencia de estructuras criminales.
La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 353, se implementa tras la conclusión del toque de queda que estuvo vigente durante 15 días y finalizó el pasado 30 de marzo. A diferencia del esquema anterior, en esta ocasión no se restringe la movilidad, pero se fortalecen las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad en zonas específicas.
El estado de excepción se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además, incluye los cantones de La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, identificados como puntos clave en rutas de actividades ilícitas.
De acuerdo con el decreto, estas regiones han sido catalogadas como corredores relevantes para delitos como narcotráfico, tráfico de armas y extorsión, lo que ha motivado una intervención más directa del Estado.
En esta nueva fase, el Gobierno ecuatoriano optó por mantener la libre circulación de la ciudadanía durante el periodo vacacional y semanas posteriores, trasladando el enfoque hacia operativos focalizados, labores de inteligencia y acciones estratégicas contra organizaciones delictivas.
Como parte de las disposiciones, se contempla la suspensión de dos derechos constitucionales: la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia. Estas medidas permitirán a las autoridades ingresar a viviendas sin orden judicial y revisar comunicaciones en casos excepcionales, cuando existan indicios de actividades criminales.
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El Ejecutivo señaló que estas acciones serán aplicadas de manera selectiva y bajo criterios de urgencia operativa, con el objetivo de fortalecer la seguridad sin afectar el desarrollo de las actividades económicas y sociales en el país.
