El Senado argentino prevé agilizar a partir del lunes la tramitación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobado el viernes por la Cámara de Diputados para poder aprobarlo antes de que termine el año, previsiblemente el 29 de diciembre.
La iniciativa está ya en manos de las comisiones de Banca de la Mujer -la única que no está integrada por hombres-, Justicia y Asuntos Penales y Salud, aunque la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, detalló que podría reducirse a dos comisiones para no extender los plazos.
Fuentes parlamentarias consultadas por la agencia de noticias argentina Télam explicaron que la intención es iniciar cuanto antes el plenario de expositores, lo que podría producirse el mismo lunes 14, para dar dictamen la semana próxima y llevarlo a votación entre el 28 y el 30 de diciembre.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió una nota a la presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner para notificarle formalmente por escrito sobre la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que obtuvo media sanción con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
Aunque aún hay senadores que no han declarado públicamente su voto, los partidarios “verdes” de la interrupción voluntaria del embarazo confían en que esta vez lograrán imponerse por un ajustado margen a los denominados “celestes” que se oponen al aborto, para no repetir la derrota de 2018 que obligó a archivar la iniciativa por 38 votos contra 31.
La presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, Durango, declaró estar convencida de que el Senado “va a lograr esta vez” sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y advirtió de que si no se consigue la sanción “sería un retraso” para el país y “para las mujeres”.
“No podemos decir contentas porque el aborto siempre es una conmoción emocional, pero estamos muy satisfechas con los votos que se consiguieron ayer y estamos trabajando a ‘full’ con todos los senadores que están en la duda para que puedan entender qué significa tener esta ley”, dijo.
Durango argumentó que no se trata de “un problema de creencias sino de salud pública” e indicó que “no se puede tener más la penalización del aborto, no sólo porque no atiende la libertad de planificar el futuro y de decidir sobre nuestro propio cuerpo, sino porque además es un problema de salud“.
Para la senadora, debe quedar claro que “la ley no obliga ni recomienda a nadie a abortar” ya que “nadie está obligado a abortar”. “Si no hay ley vamos a contribuir a la clandestinidad y a un gran negocio que hacen algunos médicos y algunas clínicas y a la venta insegura y carísima del misoprostol”.
En los últimos 25 años, más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Sudáfrica y Uruguay han modificado su legislación, reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de los derechos, la vida, la salud y la autonomía de las mujeres y niñas.
