Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu y brazo derecho de Rosario Robles, puede salvarse de la cárcel, aun cuando es el principal implicado en más de 20 averiguaciones y carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible desvío de cinco mil millones de pesos.
Durante un año logró evitar su comparecencia antes los fiscales y jueces que siguen el caso de La Estafa Maestra y ahora, perdidos todos los recursos, ofreció a la FGR denunciar y probar que dicho fraude fue ejecutado por órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto y la que fuera su jefa en esas dependencias Rosario Robles, y que el destino de los recursos eran las campañas del PRI, de acuerdo a lo publicado hoy por Reforma.
Zebadúa comenzó una negociación con la FGR hace una semana con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) para buscar el denominado “criterio de oportunidad”, es decir, volverse testigo colaborador para denunciar a presuntos criminales de mayor rango, a cambio de que los casos en su contra sean cancelados.
El primer encuentro con Zebadúa ocurrió el pasado lunes 19 de octubre en las instalaciones centrales de la FGR en Ciudad de México, según confirmó Animal Político. La reunión estuvo encabezada por el propio titular de la SEIDF, Juan Ramos López, funcionario que además es considerado la mano derecha del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.
El acercamiento de Zebadúa no es fortuito. Ocurre en un momento en que el exoficial Mayor ha perdido la mayor parte de los juicios de amparo que intentó promover en contra del citatorio que en su momento le giró un juez federal, a petición de FGR, para que compareciera a una audiencia en agosto de 2019. Misma audiencia a la que sí se presentó voluntariamente Robles y que dio pie a su encarcelamiento preventivo.
Con el paso de los meses Zebadúa amplió en juzgados federales de Chiapas sus demandas de amparo para que incluso no se le citara o no se procediera en su contra en ninguno de los casos que estaban abiertos, evitando con ello que se le giraran órdenes de aprehensión y se le considerara un prófugo de la justicia.
Los jueces federales que analizaron los casos terminaron concluyendo que no había razón para frenar las acciones legales en contra del exfuncionario y le negaron los amparos. Pero en los meses previos a dichas resoluciones y por cuestiones de procedimiento sí le concedieron suspensiones provisionales y definitivas lo que, en suma, le permitió al político chiapaneco permanecer mas de un año sin comparecer ante la justicia.
El que Zebadúa ya no cuente con recursos que frenen incluso su posible aprehensión es clave para la Fiscalía porque, de acuerdo con denuncias que han promovido tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es el principal implicado en la trama de corrupción en dichas dependencias.
Lo anterior debido a que Zebadúa era el Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu y por tanto el responsable último de autorizar la salida de los recursos. La FGR tiene en curso más de 20 averiguaciones y carpetas de investigación donde Zebadúa figura como probable responsable de delitos de corrupción, entre otros.
No obstante, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) abre la puerta a personas implicadas en ciertos delitos a negociar posibles salidas alternas a delincuentes que se declaren culpables, o incluso cancelar procesos en su contra si a cambio denuncian hechos de mayor gravedad o alcance.
La propia Rosario Robles había adelantado en una carta que hizo pública la semana pasada que excolaboradores suyos buscaban negociar acuerdos con la Fiscalía para denunciar a políticos de alto nivel a cambio de evitar la cárcel.
¿Qué sigue para Zebadúa?
El artículo 256 del CNPP señala que para conceder un criterio de oportunidad como el que busca Zebadúa se debe aportar información útil y fidedigna que facilite al Ministerio Público proceder en contra de personajes de mayor jerarquía criminal que el probable responsable que es investigado.
En los hechos esto se traduce en que Zebadúa deberá aceptar sostener ante un juez los hechos que declare ante la Fiscalía convirtiéndose de esta forma en un testigo colaborador. Además, y por regla general debería cubrir de alguna manera (devolución de bienes o dinero) el daño que haya causado.
En el caso de Zebadúa, como en el de Robles, dicho daño asciende a cinco mil millones de pesos. A Robles, a diferencia de Zebadúa, no se le ha responsabilizado de ordenar la salida del dinero pero sí de no evitarlo (omisiones), y la Fiscalía ha pedido que regrese dicha cantidad de dinero.
La concesión de criterios de oportunidad es una práctica que ya se ha presentado en grandes casos de corrupción en los últimos años. Sucedió con los desvíos millonarios en el gobierno de Javier duarte en Veracruz, donde los fiscales aceptaron retirar cargos al menos a tres implicados, incluyendo el propio extesorero del estado Tarek Abdalá, a cambio de que declararan en contra del propio Duarte.
El caso mas reciente es el del exdirector de Pemex Emilio Lozoya quien ya denunció hechos de corrupción ante la FGR implicando incluso a expresidentes, con lo que busca obtener el criterio de oportunidad y que así se le cancelen los procesos abiertos en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. En este caso en particular la Fiscalía aun no decide si conceder o no dicho beneficio a Lozoya.
