Ciudad de México, (SinEmbargo).- Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su sexenio en diciembre de 2018, entre sus planes para frenar los actos de corrupción en obras de infraestructura pública siempre estuvo incluir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como un nuevo actor en el sector de la construcción a gran escala.
El proyecto de edificación de un complejo urbano en Santa Fe, su participación en las obras del Tren Maya, la responsabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, e incluso un acuerdo de Colaboración para la Construcción de Infraestructura entre la Sedena y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2019) para desarrollar carreteras, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, sistemas satelitales, entre otros, dan cuenta del peso que tiene y que tendrá la Sedena como constructora durante éste sexenio.
Sin embargo, la Sedena y sus dependencias no están exentas de incurrir en irregularidades que pueden o no estar ligadas a actos de corrupción, pero que en definitiva suponen fallas administrativas de diversa índole.
En la última entrega de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró 12 millones 438 mil 20 pesos en posibles daños a la Hacienda Pública Federal por parte del sector de la Defensa Nacional, que están relacionados con obras de infraestructura pública militar.
Entre las irregularidades ligadas a la Secretaría del General Luis Cresencio Sandoval González están las obras para edificar el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, que tiene la misión de capacitar a personal civil y militar para especializarlos en tácticas y operaciones de mantenimiento de la paz, en concordancia con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas.
La construcción del Centro inaugurado en enero de 2019 por el Presidente AMLO implicó probables daños por 9 millones 791 mil 557 pesos ligados a pagos realizados fuera de norma, así como a pagos en demasía debido a que los volúmenes de obra pagados fueron –en algunos casos– mayores a los ejecutados, o debido a que hubo diferencias entre los salarios pagados y acordados, duplicidad de conceptos pagados y pagos no acreditados, de acuerdo con la auditoría número 2019-0-07100-22-0065-202065-GB.
En 2019, la ASF también encontró probables daños al erario público por 826 mil 404 pesos relacionados con obras de demolición del proyecto de construcción de una unidad habitacional naval en Veracruz por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam). De acuerdo con la auditoría número 2019-1-07HXA-22-0072-202072-GB, las autoridades responsables de las obras no registraron el volumen de las estructuras a demoler, lo que influye en el costo de la obra.
Aunque el Issfam cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, la Auditoría determinó que la institución tuvo problemas contables y procesales, además de que incurrió en incumplimientos administrativos, normativos y contractuales, entre ellos los vinculados con funciones de verificación, amortización de anticipos e incrementos injustificados de plazos por contrato.
Asimismo, la ASF señaló que hubo una “deficiente planeación de obra, toda vez que el proyecto de la unidad habitacional naval no fue coincidente con los conceptos de trabajo del presupuesto de la Sedena”.
El año pasado, Issfam también causó probables daños económicos por 1 millón 820 mil 60 pesos relacionados con la construcción de una unidad habitacional militar en Chiapas. La auditoría número 2019-1-07HXA-22-0071-202071-GB indica que el perjuicio se debió a “pagos efectuados sin el soporte que permita comprobar que fueron devengados, toda vez que las estimaciones carecen de los números generadores, fotos, notas de bitácora y croquis de localización que acrediten los volúmenes de obra ejecutados”.
