Emilio Lozoya llegó a México. Quedó detenido. Ahora, cumplirle a Gertz: a soltar a sopa

–Con información de Efrén Flores y AP
Ciudad de México (SinEmbargo).– Emilio Lozoya Austin, acusado de presunto lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita, llegó la madrugada de este viernes a la Ciudad de México para enfrentar a la justicia. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es el personaje clave para desatar una posible red de corrupción en el sexenio peñista y su testimonio y un “arsenal de evidencia”, como se ha dicho, podría implicar a políticos, exfuncionarios y hasta empresarios en su más alto nivel.
Lozoya Austin arribó esta madrugada a la capital del país, luego de un vuelo de 15 horas desde Madrid, España, donde estuvo preso en la cárcel de Navalcarnero. El martes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que había enviado un avión de las autoridades mexicanas por el exdirector de Pemex, luego de que la Audiencia Nacional de España aprobara la extradición de Lozoya, una petición que hizo el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La FGR expuso en un comunicado oficial que antes del arribo de Lozoya al país se informó a jueces de control la hora aproximada de su llegada, y lo primero fue aplicarle protocolos de derechos humanos como parte de sus prerrogativas, además de que fue revisado por un médico de la propia Fiscalía para acreditar su integridad física.
“Cumplidos estos procedimientos, nuevamente se les dará aviso a los jueces de control para que señalen fecha y hora de las audiencias iniciales”, planteó la PGR.
Emilio Lozoya fue detenido en España el pasado 13 de febrero. Hoy, apresado y en proceso de extradición a México, la única opción de Lozoya es negociar con la FGR: Foto: EFE.
LOZOYA VA A HABLAR
El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), está acusado por un presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido supuestamente unos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Sobre Lozoya (Ciudad de México, 1974) pesaba una orden de búsqueda y captura internacional desde mayo de 2019 y finalmente fue detenido el pasado 12 de febrero en Málaga (España).
De acuerdo con información de la prensa nacional, Lozoya tiene en sus manos grabaciones de supuestos sobornos relacionados con la aprobación de la Reforma Energética impulsada por Peña Nieto y que podrían implicar a altos funcionarios de la pasada administración.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el jueves que el juicio al exdirector de Pemex ayudará a ir “limpiando” la corrupción del país.
“Esta extradición voluntaria va a ayudar mucho para ir purificando la vida pública, limpiando de corrupción el país”, expresó López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018 con la promesa de acabar con la corrupción.
Una investigación estadounidense indica que el ex Presidente Enrique Peña Nieto (izq.) aprobó que Lozoya (der.) comprara Fertinal, aunque era improductiva e insolvente. Foto: Ángel Hernández, Agencia Cuartoscuro.
El Presidente aseguró que Lozoya tiene el “compromiso de que va a informar sobre los presuntos fraudes por los que se le acusa”, como los sobornos de la trama Odebrecht, así como “de otros tipo de ilícitos”.
“Va a ser algo interesante e importante porque, como siempre he sostenido, lo mejor es desterrar la corrupción y estigmatizar la corrupción. Llamar al corrupto por su nombre que, cuanto menos, pierda su respetabilidad”, expresó López Obrador.
La periodista Ana Lilia Pérez, quien se ha especializado en investigaciones de corrupción en el sector energético, dijo en una entrevista con SinEmbargo que Emilio Lozoya estará dispuesto a declarar, sobre todo considerando que “él no es el único, dentro de su familia, que ha estado bajo investigación y bajo proceso. Está también su mamá, está su hermana y está su esposa. De manera que quizá las negociaciones que él busque puedan ser para favorecer a su familia; su mamá misma que ahora está en arraigo domiciliario”.
En la opinión de la autora del libro Pemex RIP, “es un caso que será un parteaguas, sobre todo en el tema de combate a la corrupción que es una de las principales banderas que tiene éste Gobierno, y del resultado de éste veremos si México está en posibilidad de tener lo que en otros países se ha conocido como ‘maxi-proceso’”, es decir, un juicio multitudinario que rompe con el “código de silencio mafioso” y que permite una serie de vinculaciones por las acusaciones entre unos y otros involucrados. “De ese tamaño es la importancia de éste caso”, abundó.
ACUSACIONES CONTRA LOZOYA
Se dice que Lozoya ayudó a coordinar la campaña de Peña Nieto en 2012 y usó dinero de sobornos para facilitar que su jefe fuera elegido.
Pero según documentos judiciales divulgados el lunes, Lozoya le pidió 4 millones de dólares a Odebrecht para la campaña del PRI en 2012, y luego se gastó la mitad en una propiedad a nombre de su esposa.
“A cambio de la ayuda prestada al Director Superintendente de Odebrecht para su posicionamiento en los Estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en el mes de marzo de 2012, el reclamado solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI”, según informó la agencia AP citando a la Audiencia Nacional de España.
De abril a junio y en noviembre —los comicios se llevaron a cabo en julio–, la compañía depositó hasta 8 transferencias por un total de 4 millones de dólares en cuentas vinculadas a la familia de Lozoya, pero “parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013″ a la compra de un inmueble por 1,9 millones de dólares “en el estado de Guerrero por la esposa del reclamado Marielle Helen Eckers”, añadió la Audiencia.
La descripción del inmueble coincide con una propiedad de Lozoya en Ixtapa-Zihuatanejo que fue incautada brevemente por las autoridades.
Aparentemente el 2013 fue un año lucrativo para Lozoya. En los documentos judiciales se afirma que Odebrecht presuntamente le ofreció 6 millones de dólares en sobornos con el fin de que le consiguiera un contrato para renovar una antigua refinería. A la larga la firma brasileña le habría pagado 5 millones de dólares.
La empresa Altos Hornos de México, que posteriormente le vendió a Pemex una planta de fertilizantes a un sobreprecio cuando Lozoya dirigía esta última, presuntamente le pagó 3.4 millones de dólares en 2012. Una vez más, el exfuncionario utilizó 2.58 millones de ese dinero para adquirir una propiedad en una zona residencial de la Ciudad de México.
Lozoya, quien dirigió Pemex de 2012 a 2016 durante el gobierno de Peña Nieto, siempre ha negado haber cometido estos delitos, pero huyó de México y estuvo prófugo un mes en el extranjero.
LOS HOMBRES DE LOZOYA
Los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos son tan responsables –o inocentes, en su caso– como Emilio Lozoya por los posibles daños al erario público derivados de la compra de las plantas Agro Nitrogenados y Fertinal. Así lo establecen los propios lineamientos de la Ley que rige a la Empresa Productiva del Estado.
La compra de las compañías (2013 y 2015) implicó erogaciones de más de 29.7 mil millones de pesos que no se justifican considerando que, al momento de su adquisición, las plantas de Agro Nitrogenados tenían “extremo deterioro” y Fertinal estaba en “quiebra” por no producir suficiente, de acuerdo con datos del “Libro Blanco 2015-2018” de la subsidiaria Pemex Fertilizantes.
Las compras de las plantas chatarra entre 2013 y 2015, más de uno podría caer, ya que los lineamientos de la Ley de Pemex indica que los integrantes del Consejo de Administración de la petrolera son tan responsables –o inocentes, en su caso– como el exdirector general de Pemex, por los posibles daños al erario público.
La decisión de las adquisiciones de Agro Nitrogenados y Fertinal no sólo pasó por las manos de Lozoya Austin. Al menos otras 13 personas del Consejo de Administración de Pemex estuvieron directamente involucradas en la aprobación de los proyectos, según los acuerdos “específicos” de la petrolera (numerados CA134/2013, CA-110/2015, CA-209/2015 y CA-225/2015) en que fueron discutidas las compras, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información número 1857200197218.
Entre los involucrados están Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; Rafael Pacchiano Alamán, entonces subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, exsubsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; María de Lourdes Melgar Palacios, exsubsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía; Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; y José Rogelio Garza Garza, exsubsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.
Además están los entonces secretarios del Consejo de Administración de Pemex, César Emiliano Hernández Ochoa y Fernando Zendejas Reyes, así como el exprosecretario Miguel Ángel Flores Ramírez y los otrora consejeros independientes Alberto Tiburcio Celorio, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Jorge José Borja Navarrete y Octavio Francisco Pastrana Pastrana.
Sin embargo, entre 2013 y 2018 hubo otras 24 personas que formaron parte del Consejo de Pemex.
En esos años en que el órgano supremo de la Empresa Productiva del Estado acomodó a personalidades políticas del talle de Enrique Ochoa Reza, Ildefonso Guajardo Villareal y Luis Videgaray Caso –por mencionar algunos– ninguna discusión sobre Agro Nitrogenados o Fertinal derivó en sanciones o esclarecimiento suficiente que lindara o deslindara responsabilidades, por una inversión en plantas “chatarra”, con un sobre costo (u daño) al erario público superior a 16.8 mil millones de pesos.
La Ley de Petróleos Mexicanos es clara al respecto.
De acuerdo con Edgardo Buscaglia, asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York, las irregularidades ligadas a Emilio Lozoya, como todos los grandes casos de corrupción en México que involucran redes criminales de funcionarios públicos y empresarios, tienen que ser perseguidas y procesadas como delitos de crimen organizado que incluyan, entre otras cosas, juicios multitudinarios (o maxi-procesos) y castigos como la muerte civil (que incluye decomisos de bienes patrimoniales).
“Casos como el de Lozoya dependen de la causa penal; que sea imputado por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero no sólo por corrupción. Porque por delincuencia organizada, al Estado le permite, inmediatamente, detener e imputarle causas a toda asociación ilícita potencial entre Lozoya y cualquier político o empresario ligado a éstos actos de los cuales se le acusa. Y entre ellos debería de estar incluido, con todo el rigor de los principios de inocencia y debido proceso, el expresidente Enrique Peña Nieto”, afirmó el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México en una entrevista con este medio.