Autoridades federales de Arizona presentaron una acusación formal de 158 cargos contra 28 personas señaladas de participar en una presunta red dedicada a la compra ilegal de armas de fuego para introducirlas de contrabando a México.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal Timothy Courchaine, del Distrito de Arizona, durante una conferencia de prensa celebrada el martes 4 de agosto. La acusación fue emitida por un jurado federal en Phoenix el pasado 21 de julio, a partir de cargos iniciales derivados de la investigación.
Entre los delitos imputados se encuentran conspiración para adquirir armas de fuego ilegalmente con fines de tráfico, declaraciones falsas durante la compra de armas, tráfico de armas sin licencia y conspiración para traficar armas de fuego.
De acuerdo con la acusación, Fernando Daniel Castro, de 24 años y residente de Phoenix, presuntamente coordinó el reclutamiento de personas para comprar armas en Arizona a cambio de dinero.
Posteriormente, habría vendido parte del armamento con conocimiento de que sería exportado ilegalmente a México.
Las autoridades informaron que entre las armas aseguradas había rifles tipo AK-47, pistolas Glock 19 y otros modelos.
En total fueron decomisadas más de un centenar de armas de fuego, además de cientos de miles de cartuchos de municiones que habían sido adquiridos en Arizona.
La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Patrulla Fronteriza.
Hasta el momento, una de las personas involucradas ya fue sentenciada. El resto de los acusados, en caso de ser declarados culpables, podría enfrentar penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares por cada cargo.
Durante la presentación del caso, A.J. Gibes, agente especial a cargo de la División de Campo de Phoenix de la ATF, afirmó que el tráfico de armas alimenta la violencia a ambos lados de la frontera.
“El tráfico de armas de fuego genera una peligrosa ola de destrucción a ambos lados de la frontera”.
Asimismo, Jason Stevens, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Arizona, señaló que el aseguramiento del armamento representa un golpe a las organizaciones criminales.
“Cada arma de fuego y munición ilegal retirada de las calles representa vidas potencialmente salvadas en nuestras comunidades y calles aquí en Arizona, así como en México”.
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Entre los 28 acusados figuran personas originarias de Arizona, México y otras cuyo lugar de residencia no fue precisado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con información de Univisión
