Un mercado funciona mejor cuando las personas pueden comparar y elegir con información suficiente. Si el precio anunciado cambia al avanzar en una compra porque aparecen cargos obligatorios, esa libertad se debilita: el consumidor decide con una cifra que no representa lo que deberá pagar. La transparencia fortalece la competencia al permitir que cada empresa sea evaluada por el costo completo y la calidad de lo que ofrece.
La advertencia de Profeco sobre los cargos adicionales en la venta de boletos pone esta discusión sobre la mesa. La autoridad señaló que deben informarse antes de concluir el pago. El principio merece extenderse a nuestra experiencia cotidiana: quien busca una entrada, reserva una habitación o contrata un servicio necesita conocer el importe total desde que puede comparar alternativas.
Pensemos en un ejemplo hipotético. Dos proveedores ofrecen un mismo servicio: uno anuncia 900 pesos y otro 1,000. El primero parece más conveniente, hasta que agrega 150 pesos obligatorios al final. Quien eligió la oferta aparentemente barata debe entonces volver a buscar, repetir el proceso o aceptar un gasto mayor. El problema es que la comparación inicial se hizo entre cantidades que no significaban lo mismo.
Ese recorrido también tiene un costo. Después de seleccionar fechas, abrir una cuenta y proporcionar datos, abandonar la operación exige tiempo adicional. Revelar tarde un cargo puede aprovechar esa dificultad para conservar una venta que quizá no se habría concretado con información completa. Aunque el comprador todavía pueda retirarse, su decisión ocurre en condiciones distintas a las que tuvo al comenzar.
Además, la opacidad perjudica a las empresas que anuncian el monto completo. Una oferta transparente puede parecer más cara frente a otra que deja parte de sus cobros para después. Así se corre el riesgo de premiar la habilidad para presentar un precio incompleto, en lugar de la eficiencia o el mejor servicio. Defender al consumidor implica también cuidar que los proveedores compitan sobre bases comparables.
Las comisiones pueden remunerar servicios reales y formar parte de un modelo de negocio legítimo. Lo decisivo es que los cargos inevitables estén integrados en el total visible y que los servicios opcionales sean identificables y elegidos expresamente. El desglose permite entender qué se cobra; el importe completo permite decidir si conviene comprar. Ambos deben presentarse con claridad.
La intervención pública debe concentrarse en reglas comprensibles, cumplimiento verificable y vías eficaces de reclamación. Conocer el precio completo permite al consumidor premiar una buena oferta y rechazar otra sin sorpresas. También obliga a las empresas a convencer por lo que entregan. La confianza se construye cuando el importe anunciado corresponde con el compromiso adquirido: nadie debería recorrer toda una compra para descubrir cuánto cuesta.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
