El hecho ocurrió en un contexto de protestas y tensión social en la ciudad, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades federales.
En un paso considerado relevante para el combate a la violencia de género, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitirá al Congreso emitir una Ley General en materia de feminicidio, con el fin de establecer criterios uniformes en todo el país.
