Ciudad de México.- El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió las citas para visas de inmigrante en todo el mundo mientras realiza una capacitación exhaustiva en sus embajadas y consulados para reforzar la revisión de los solicitantes y determinar quiénes podrían convertirse en una “carga pública”.
Un portavoz del Departamento de Estado explicó que, a principios de agosto, la dependencia puso en marcha una “iniciativa global de capacitación en todas nuestras embajadas y consulados del mundo”, enfocada en evaluar si los solicitantes podrían depender de los servicios públicos estadounidenses.
Leer más: Meta llega a acuerdo con 29 estados de EEUU y pagará hasta 16 mil 680 mdd por adicción en menores.
“Para dar cabida a esta capacitación exhaustiva, se ajustarán las citas para los servicios de visas”, señaló el portavoz.
Agregó que, cuando se realizan cambios en las citas para entrevistas, las embajadas y consulados informan directamente a los solicitantes sobre cualquier modificación.
Una fuente indicó que los cambios implementados en los servicios de visas no serán indefinidos. El portavoz explicó que la capacitación busca “garantizar que todos los funcionarios consulares estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera exhaustiva y coherente”.
La dependencia también sostuvo que “un Estados Unidos más próspero implica garantizar que no sea probable que los solicitantes de visas se conviertan en una carga pública, según se define en las leyes y normativas de EEUU, ni que lleguen a depender de las prestaciones públicas estadounidenses reservadas para los estadounidenses que reúnen los requisitos y las necesitan”.
La medida ocurre mientras el gobierno de Donald Trump mantiene acciones para restringir y desalentar la inmigración hacia Estados Unidos.
En enero, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de casi 40 por ciento de los países del mundo, entre ellos Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia.
En ese momento, la dependencia argumentó que la medida buscaba impedir el ingreso de personas que “recibirían asistencia social y prestaciones públicas”.
Sin embargo, el viernes un juez federal anuló la suspensión al considerar que era “contraria a la ley” y que excedía la autoridad otorgada por la legislación al secretario de Estado, Marco Rubio.
