Palacio Legislativo de Bolivia / Foto: EFE
Un proyecto de ley presentado en Bolivia que contempla la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria a mujeres en situación de calle, bajo control judicial, desató una fuerte polémica y el rechazo de la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La iniciativa fue presentada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de Unidad, alianza opositora de centro, quien argumentó que busca favorecer la reinserción social de las personas en situación de calle y atender particularmente los casos de mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
El proyecto establece que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva deberá contar inicialmente con el consentimiento libre, previo e informado de la persona. Sin embargo, contempla que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización pueda convertirse en obligatoria y realizarse “bajo control judicial”.
Diputado defiende polémica iniciativa
Rodríguez justificó la propuesta al señalar que surgió tras observar las condiciones en las que viven mujeres y niños en las calles, algunos expuestos al consumo de sustancias.
“La idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa (un tipo de pegamento altamente inflamable). El proyecto de ley es una manera de buscar una nueva forma de vida”, declaró el legislador a EFE.
El proyecto fue presentado hace unas semanas y, según Rodríguez, próximamente deberá ser analizado en primera instancia por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El parlamentario explicó que la eventual esterilización estaría precedida por evaluaciones médicas y psicológicas.
“Primero se verá la historia clínica de cada persona, será evaluada por un médico y un psicólogo, será una atención integral y al final se procederá con la esterilización”, afirmó.
No obstante, el propio diputado reconoció que el artículo que establece la esterilización obligatoria podría ser modificado a petición de distintas personas durante el análisis legislativo.
El artículo 15 señala que la obligatoriedad podría aplicarse “bajo control judicial”, bajo el argumento de evitar que los recién nacidos puedan ser “inmersos para trata y tráfico”.
Activistas acusan discriminación y violación de derechos
La propuesta provocó una respuesta inmediata de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La comunicadora y activista feminista Patricia Flores calificó la iniciativa como “inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”.
“Está planteando lo que en un momento la humanidad calificó como una suerte de limpieza étnica porque él está pensando en dirigir su mirada a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza, personas que no valen como futuros ciudadanos”, afirmó.
Flores también consideró que la propuesta es “profundamente racista, clasista, machista y misógina” y sostuvo que amerita una sanción dentro del sistema legislativo.
La activista señaló que el Estado debería destinar recursos y esfuerzos a evitar que las personas terminen en las calles en condiciones de extrema pobreza, en lugar de recurrir a medidas de esterilización.
Defensoría del Pueblo pide descartar la iniciativa
La Defensoría del Pueblo de Bolivia, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, expresó su “más profundo rechazo y preocupación” por el proyecto.
“La institución defensorial recuerda que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, señalaron en un comunicado conjunto.
Las organizaciones también citaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluidos los casos I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú, para sostener que las decisiones relacionadas con el cuerpo y la salud reproductiva corresponden a cada mujer y no deben estar sujetas a coerción.
Por ello, exhortaron al Legislativo y a las demás autoridades bolivianas a actuar conforme a la Constitución vigente y descartar cualquier propuesta que implique esterilización obligatoria y vulnere la dignidad humana.
